Crisis de convivencia en las comunidades educativas
Isabel Bustamante Cifuentes
Encargada de Estudios y Transversalización de Género
Dirección de Género, Equidad y Diversidad,
Universidad de Magallanes
Infructuosos fueron los intentos de la profesora de inglés Katherine Yoma, por dar cuenta de la situación de violencia y acoso en la que se encontraba, mientras desempeñaba labores en la Escuela D-68 de Antofagasta. Al mismo tiempo que se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer el caso sale a la luz, con consecuencias lamentables ya conocidas por la opinión pública dejando entrever una dura realidad de los entornos educativos, la cual se recrudeció post pandemia.
En Chile durante los últimos diez años se han formulado y promulgado leyes y cuerpos normativos diversos para enfrentar la violencia al interior de la escuela y también de universidades, este marco legal ha respondido al menos, en lo discursivo, a los compromisos internacionales que ha adquirido el país en la lucha, por ejemplo, contra la discriminación y violencia de género con el fin de garantizar una educación inclusiva y equitativa. Sin ir más lejos, prueba de ello son las guías y recomendaciones ministeriales que, desde la reforma educacional realizada en la década del 90 buscan contribuir a la formación integral de niños y niñas capaces de convivir en democracia, en este sentido, la convivencia toma un papel relevante para el Estado a través de las Políticas de Convivencia Escolar (Mineduc, 2002, 2011, 2015) y, en la operativa de los centros educativos. No obstante, estos esfuerzos han sido insuficientes para materializar el ideal de equidad, inclusión y calidad en educación y, en base a ello, surgen varias preguntas ¿cuál es nuestra idea de comunidad educativa?, ¿estamos en condiciones de comprender y superar las múltiples situaciones de violencia que se viven en las escuelas y universidades chilenas?, ¿cómo abordamos los problemas de salud mental en docentes y estudiantado agudizados a raíz de la pandemia y el confinamiento?, ¿cómo dialogan los reglamentos de los establecimientos educacionales con la normativa vigente y circulares expresas de la Superintendencia de Educación? esto último con el objeto de hacer efectivas las sanciones -a propósito del caso- a estudiantes que cometen faltas graves, evitando generar un ambiente de impunidad e inseguridad.
Lo cierto es que, las denuncias por maltrato en el ámbito de la convivencia escolar, han aumentado considerablemente. Así lo señala el Observatorio de Ciudadanía, Convivencia y Bienestar Escolar (OCCBE) de la Universidad de la Frontera en su último reporte al cuarto trimestre del 2022, donde se manifiesta un aumento de un 37% de denuncias en el ámbito de la convivencia escolar, entre el 2019 al 2022. En regiones, la tendencia al alza es exponencial por ejemplo en Antofagasta, las denuncias aumentan en un 60, 3% y en nuestra región el alza es de un 52,3% encontrándonos así, en el décimo puesto a nivel nacional en crecimiento de denuncias, siendo una de las diez localidades con alzas superiores al promedio nacional (37%).
La realidad de universidades y escuelas hoy, a consecuencia de este y muchos otros casos alarmantes como también el de Catalina Cayazaya, abre un debate necesario y urgente que implica visibilizar las violencias y transparentar a su vez, las diferentes aristas que sostienen estas conductas en ese “ideal de comunidad educativa” que difusamente visualizamos. A propósito de ello, recientemente el actual gobierno lanza la llamada Política de Reactivación Educativa Integral “Seamos comunidad” como medida para enfrentar los efectos de la pandemia, contemplando tres ejes-clave: convivencia y salud mental, fortalecimiento de aprendizajes, y asistencia y revinculación. Dicha iniciativa no deja de ser esperanzadora respecto a la integralidad que propone, sin embargo, urge desarrollar una propuesta normativa que aborde desde diferentes ámbitos y también a escala universitaria, la convivencia y el trabajo preventivo proporcionando recursos tanto económicos como humanos para poner en práctica acciones concretas que protejan a quienes integran las comunidades educativas.
