Tribunal rechazó sobreseer al dueño de constructora Alcarraz y a otros dos imputados
No prosperó en tribunales la solicitud de sobreseimiento que pedía una de las defensas de los imputados investigados por el fraude en perjuicio de 109 postulantes a viviendas del Ejército, de la villa Pudeto II.
En esta causa están formalizados por falsificación y uso malicioso de instrumento privado falso, y fraude de subvenciones, el dueño de la empresa Constructora Alcarraz Limitada, Jaime Alcarraz Ulloa; y los funcionarios públicos José Miguel Matamala Pezo y Luis Alex Vidal Bendix.
Dado que los hechos materia de esta investigación datan de los años 2017 y 2018, el defensor de Luis Vidal, el abogado Ramón Ibáñez, planteó una solicitud de sobreseimiento, argumentando que la formalización se concretó el año 2024.
Postuló que debido a que habían transcurridos cinco años desde la ocurrencia de los hechos denunciados, al día en que su cliente fue formalizado, solicitaba que se declare la prescripción de la acción penal y en consecuencia el sobreseimiento del caso.
“Nosotros planteamos que la querella presentada en contra de los imputados, como actuación procesal, impide la prescripción porque fue formulada dentro de los cinco años”, argumentó el fiscal Fernando Dobson al oponerse a tal petición.
Finalmente el tribunal acogió esa tesis, considerando que la querella produjo el efecto de interrumpir la prescripción, “por ende estos hechos se pueden perseguir penalmente”.
El último en ser formalizado fue Jaime Alcarraz Ulloa, el pasado 26 de abril, producto de la fallida construcción de la villa Pudeto II, en prolongación calle Enrique Abello.
Alcarraz asoma como uno de los responsables de cobrar estados de pago por avances de obra que no correspondían a lo ejecutado materialmente, que terminaron perjudicando a los futuros propietarios.
Así obtenía un pago mayor al que efectivamente correspondía, en razón de lo estipulado en los contratos de construcción y urbanización que suscribió la Constructora Alcarraz con la Agrupación de Vivienda Villa Pudeto y el Comando de Bienestar del Ejército, el 5 de septiembre de 2017.
“Estos hechos provocaron un perjuicio monetario para cada uno de mis representados, quienes hasta el día de hoy se encuentran pagando créditos por un proyecto que nunca llegó a término”, argumentó recientemente el abogado querellante Jorge Villalobos Arriaza.
