Fiscal logró acreditar la culpabilidad por cohecho de dos ex funcionarios de la gobernación

• Para uno de ellos, Christian Reyes Manríquez, el fiscal solicitó a los jueces que la pena a imponer sea de cárcel efectiva, porque registra una condena anterior por giro doloso de cheques.

• “Estas personas condenadas no van a poder ocupar ni postular a cargos públicos. Y es lo que más nos motiva a perseguir este tipo de ilícitos”, expresó el fiscal Sebastián González Morales.

Por el delito de “cohecho agravado” fueron condenados ayer dos ex funcionarios públicos de la desaparecida gobernación provincial de Magallanes: Gerardo Ignacio Pérez Fromento y Christian Marcelo Reyes Manríquez.

El delito lo cometieron en 2018 cuando el primero era jefe de gabinete del gobernador de Magallanes Nicolás Cloger Galindo; y el segundo coordinador asistente del complejo fronterizo Integración Austral.

Pese a los años transcurridos, y con un testigo que no pudo ser llamado a declarar porque falleció durante el proceso, el fiscal jefe de Punta Arenas, Sebastián González Morales, logró acreditar el delito ante los jueces del Tribunal Oral José Flores Vásquez, Constanza Sutter Lagarejos y Luis Alvarez Valdés.

Esto a pesar de las teorías de los abogados defensores, que pedían la absolución de sus respectivos clientes, echando por tierra los argumentos del Ministerio Público. Incluso llegaron a decir que “la prueba de la Fiscalía no responde al más mínimo estándar probatorio”.

Al comienzo del juicio el fiscal dijo que probaría que ambos funcionarios se coludieron para cometer el delito. Y así fue. La prueba principal fueron los audios de conversaciones de los acusados invitando a un contratista a participar en la licitación del “servicio de aseo e higienización del complejo fronterizo Integración Austral (Monte Aymond) y sus dependencias para el año 2019”. 

La voz de Gerardo Pérez hablando con esta persona resultó irrefutable para el tribunal, pese a que su defensor Ramón Ibáñez lo desestimó como prueba, señalando que nadie podía asegurar que ese audio fuera de su cliente, reprochando que el fiscal ni siquiera hubiese periciado el teléfono.

Pero finalmente pesaron en los jueces las declaraciones de los testigos y de la Policía de Investigaciones y otras pruebas.

Para la Fiscalía estaba claro que los acusados se pusieron de acuerdo para solicitar plata a oferentes, o posibles oferentes de licitaciones, entre ellas la de servicios de aseo y mantención del paso fronterizo Integración Austral, a cambio de que se quedaran con el contrato. La vuelta de mano sería de a lo menos un millón de pesos mensuales, generándose lo que comúnmente es conocido como “coima”.

Antecedentes

Los hechos se remontan a la tarde del 6 de diciembre de 2018, cuando el entonces jefe de gabinete de Cogler, Gerardo Pérez, concertado con Christian Reyes, se contactaron con un contratista, instándolo a postularse a la licitación para el año 2019.

Como se escuchó en uno de los audios que el fiscal presentó a los jueces de sala, Pérez le dice a esta persona que “la licitación se puede ganar, pero si es así un palito mensual se debe ir a la persona que ayuda a ganar la licitación…dura un año pero se puede prorrogar por otro, si la ganas tú serían dos años, o sea dos años hueón ganando buena plata, y a la vez puta, pasando a esta persona mensualmente el palo, aun así y todo, sacai buenas ganancias”.

El contratista fue llamado a declarar y confirmó que la voz del audio correspondía a Pérez, el día que lo contactó.

El acusado, ex jefe de gabinete de Cogler, no fue al tribunal, compareció “enmascarillado” todos los días por “Zoom” y no quiso declarar. Ni al principio ni al final del juicio. A diferencia de Reyes que sí estuvo en sala y habló ante los jueces. Una vez conocido el veredicto el defensor Héctor Urbina declinó comentar el resultado del juicio.

Pena efectiva

Para Christian Reyes el fiscal solicitó a los jueces que la pena a imponer sea de cárcel efectiva, porque registra una condena anterior por giro doloso de cheques.

Aunque lo más importante, resaltó, es que estas personas condenadas no van a poder ocupar ni postular a cargos públicos. “Esto es lo que más nos motiva a perseguir este tipo de ilícitos”, indicó Sebastián González.

La lectura de la sentencia se fijó para el 22 de mayo, a las 13 horas.