Urgencia de Regularizar Viviendas Rurales en el Sur de Chile

El crecimiento de las ciudades casi siempre va aparejado de la formación de sectores sin servicios básicas y falta de infraestructura mínima, como calles, puentes y/o establecimientos educacionales. También se caracterizan porque tales áreas suelen quedar fuera de los recorridos de la locomoción pública mayor y/o no contar ni con paraderos, luminarias o planes de retiro de basura.

Pero, lo que resulta aún más grave es que muchas de las viviendas que allí se levantan suelen ser construidas en paños subdivididos y las propiedades no cuentan con todos los permisos y documentaciones que exige la ley.

De hecho, la reciente iniciativa de la municipalidad de Punta Arenas para regularizar viviendas en zonas periurbanas y rurales es una medida que responde a una necesidad crítica y largamente ignorada. Con más del 90% de las propiedades inspeccionadas careciendo de los permisos necesarios, y una estimación de 4 mil viviendas no regularizadas en el sector sur, la situación exige una intervención inmediata y efectiva.

La falta de regularización no es un problema menor. Afecta la seguridad, el acceso a servicios básicos y los derechos de los propietarios. Viviendas sin permisos están en una especie de limbo legal, lo que impide a los habitantes acceder a beneficios y servicios que son esenciales para una vida digna. Esta situación no sólo vulnera los derechos de los residentes, sino que también compromete la planificación urbana y el desarrollo sostenible de la ciudad.

Así, el plan municipal no sólo debe enfocarse en la regularización per se, sino también en la creación de un marco que evite la repetición de este problema en el futuro. La falta de permisos es, en muchos casos, el resultado de procesos burocráticos complejos y poco accesibles para la población. Simplificar estos procesos y proporcionar asistencia técnica y legal a los propietarios es fundamental para asegurar el éxito de la iniciativa.

Además, es vital que este esfuerzo incluya una estrategia de sensibilización y educación para los residentes sobre la importancia de regularizar sus viviendas. Muchos propietarios pueden desconocer los beneficios y las implicaciones legales de contar con los permisos adecuados. Una campaña informativa robusta puede ser el primer paso hacia una mayor colaboración de la comunidad con este proceso.

La regularización de viviendas también tiene implicaciones significativas para el desarrollo económico de la región. Propiedades formalmente reconocidas y legalizadas incrementan su valor, lo que a su vez puede atraer inversiones y mejorar la economía local. La seguridad jurídica que conlleva la regularización es un incentivo para el desarrollo de proyectos y servicios que beneficien a toda la comunidad.

Los datos expuestos por la municipalidad de Punta Arenas dan cuenta de cuán urgente es propender a la regularización de dichas, desafío que tiene que ser abordado con una estrategia integral que simplifique los procesos, eduque a la población y asegure una implementación efectiva y justa. Sólo así se podrá transformar esta iniciativa en una realidad tangible que beneficie a miles de familias y contribuya al progreso de nuestra ciudad.