Pescadores artesanales recurren a Contraloría denunciando ilegalidades en elaboración del plan de manejo de Reserva Kawésqar

Hasta la calle Piloto Pardo Nº507, donde funciona la Contraloría Regional de Magallanes, llegaron pescadores artesanales para hacer entrega de una carta firmada por trabajadores de Punta Arenas y Puerto Natales. En su contenido solicitan investigar “vicios de ilegalidad en que ha incurrido la Corporación Nacional Forestal”, asociados principalmente al financiamiento por parte de ONG extranjeras para elaborar el plan de manejo de la Reserva Nacional Kawésqar.

El 22 de noviembre de 2023 manifestaron ante el delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic, la falta de participación y transparencia en el proceso de elaboración de este instrumento. En aquella reunión se les informaría de objetos de protección y conservación del plan y los pasos a seguir. Sin embargo, se fueron decepcionados ya que sólo informaron generalidades, argumentando que no podían compartir contenidos del plan por una prohibición contenida en la regulación de las consultas indígenas.

Fue en esta reunión en que el gremio pesquero tomó conocimiento de que para la elaboración del plan, la ONG The Pew Charitable Trusts (“Pew”) aportaba fondos para la realización de estudios técnicos que servían de sustento, así como para el financiamiento del personal de Conaf. Consultada por esta información, la entonces directora de Conaf, Alejandra Silva Garay, no se pronunció, alegando que era parte de un procedimiento en curso.

“Entendemos que Conaf, como muchos servicios públicos, pueden tener falencias presupuestarias, pero ello no puede derivar en injerencias e influencias indebidas por parte de los interesados en sus actos administrativos, alejándose de la debida imparcialidad y probidad con que deben actuar”, sostiene la misiva ahora en poder de la contralora regional, Verónica Orrego Ahumada.

Otro punto clave en la carta es la poca participación que han tenido en la elaboración de este plan de manejo, aspecto que comparten con la industria salmonera, dos de los sectores que más se han manifestado afectados por el instrumento de Conaf. “A lo largo de este proceso, hemos visto que nuestra integración ha sido extremadamente escasa, manifestándose sólo a través de limitadas reuniones que no alcanzan los estándares necesarios para asegurar una participación verdadera y sustancial”.

En definitiva lo que solicitan, en base a lo denunciado, es que la contralora regional, Verónica Orrego, investigue esos hechos denunciados, “determine y declare las infracciones administrativas y legales que se han producido en el procedimiento de elaboración del referido Plan de Manejo y ordene a Conaf dejarlo sin efecto, retrotrayéndose a su etapa inicial”.