Contraloría concluyó que fallaron los mecanismos de control municipal en servicios veterinarios prestados a población

Con fecha 30 de abril reciente, la Contraloría Regional remitió al alcalde Claudio Radonich el resultado del informe final de investigación especial sobre el contrato de los servicios veterinarios prestados por la Municipalidad de Punta Arenas, a fin de que la autoridad comunal adopte las medidas pertinentes tendientes a subsanar las observaciones detectadas.

El documento firmado por la contralora regional Verónica Orrego, indagó la presentación formulada por un concejal de la comuna de Punta Arenas, cuyo nombre no se revela en el informe, quien denunció eventuales irregularidades en el cumplimiento de las bases de licitación y obligaciones del contratista, en este caso la empresa Centro Veterinario de la Patagonia SpA.

Tal cual informó La Prensa Austral en septiembre de 2022, dicha empresa se adjudicó un contrato por 167 millones de pesos para cumplir con 2 mil esterilizaciones, 960 consultas primarias, 120 urgencias y 12 eutanasias en un plazo de 12 meses.

De acuerdo con lo manifestado en la denuncia, se presentarían situaciones que derivarían en incumplimientos contractuales, entre otras, el no constituirse como clínica veterinaria establecida, al momento de suscribir el contrato, ocupando dependencias y trabajadores de una empresa distinta al Centro Veterinario de la Patagonia SpA., y que las atenciones de urgencia requeridas en la adquisición no habrían sido efectuadas de conformidad con el requerimiento técnico de la licitación en cuestión. Esto fue considerado como fundamento suficiente para realizar esta investigación especial.

Frente a la adjudicación de este servicio, el 20 de septiembre de 2022, la Municipalidad de Punta Arenas, mediante decreto alcaldicio N°2.470, dio inicio al proceso de invalidación parcial de la licitación, fundado en la solicitud que hiciera Daniel Groves, representante de Servicios Ganaderos Agropampa Ltda., quien alegó que el adjudicatorio habría presentado en su oferta técnica, la dirección comercial de la empresa que representa, sin su autorización. Al año siguiente, en mayo de 2023, la entidad edilicia informó que, se dictó una resolución que rechaza el requerimiento de invalidación presentado por la empresa Agropampa. Esta denuncia es materia de investigación por parte de la Fiscalía de Punta Arenas.

En opinión del órgano contralor, las respuestas entregadas por el municipio respecto de las observaciones formuladas, “han podido salvar parte de las observaciones planteadas en el preinforme de investigación especial de esta entidad fiscalizadora”.

Entre las conclusiones que arrojó la investigación final de Contraloría, se verificó que “la Municipalidad de Punta Arenas, no dispone de mecanismos de control formalmente justificados, que permitan acreditar que el contratista cumplía con los requisitos técnicos exigidos en las bases de licitación, al momento de iniciar la puesta en marcha del servicio, por lo que, en lo sucesivo, la entidad edilicia, deberá efectuar el control previo del cumplimiento de los aspectos mínimos requeridos en sus contrataciones en concordancia a lo establecido en las bases de licitación que regulen dichos procesos”.

De igual manera, se “evidenció que la municipalidad carece de pruebas documentadas que den cuenta de la supervisión y el control a las dependencias de la clínica veterinaria, durante la duración del contrato, por lo que el municipio, en lo sucesivo, deberá efectuar el debido control a la ejecución y cumplimiento de sus contrataciones”.

Asimismo, se “detectó que un total de 6 facturas, asociadas al contrato de servicios veterinarios fueron pagadas en un plazo superior a 30 días, con un retraso de hasta 91 días corridos entre la fecha del documento y el correspondiente egreso”. Otras 7 facturas correspondientes al contrato de servicios veterinarios fueron contabilizadas extemporáneamente.

Por último, se observó “una inconsistencia entre el porcentaje de vulnerabilidad del Registro Social de Hogares fijado en las bases de licitación que regularon la contratación del servicio veterinario, para acceder a la exención del copago del servicio en cuestión, en relación con el porcentaje establecido en la ordenanza sobre derechos municipales por servicios, concesiones, permisos y otros, por lo que en lo sucesivo, esa entidad edilicia deberá evitar discrepancias como la detectada, apegándose a lo establecido en el artículo 5°, de la resolución exenta N°1.962, de 2022, de este ente fiscalizador”.