“Buscamos que este sistema sea un cuarto pilar de la protección social, junto a la salud, la educación y la previsión social”

• La autoridad se refirió a las movilizaciones de los funcionarios de la Conadi, reconoció que hay situaciones administrativas que se deben resolver.

Silvia Leiva
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“Buscamos que este sistema sea un cuarto pilar de la protección social, junto a la salud, la educación y la previsión social”. Con estas palabras la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro Cáceres, se refirió a los desafíos que tendrá como cartera en los próximos años donde las prioridades estarán en la implementación del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, y en el sistema de cuidados.

Estas declaraciones las realizó en el marco de la Cuenta Pública Participativa, que se efectuó el pasado viernes en el Centro Asistencial Docente e Investigación de la Universidad de Magallanes (Cadi-Umag). En la actividad, participaron las subsecretarias de Servicios Sociales, Francisca Gallegos Jara; de Evaluación Social, Paula Poblete Maureira; y de la Niñez, Verónica Silva Villalobos, las que dieron a conocer la gestión del gobierno de Chile orientada a la protección social.

La ministra comentó que las prioridades para el periodo 2022-2025 son sentar las bases del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, avanzar en la implementación del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, mejorar la precisión, legitimidad y oportunidad de los beneficios sociales, avanzando en mayor justicia social y avanzar en dar respuesta a los pueblos indígenas, fomentando el buen vivir, entre otras.

El Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (“Chile Cuida”) se trata de una red intersectorial que articula servicios y prestaciones entregadas por el Estado, las familias, las comunidades y el mercado, dirigidas a personas en situación de dependencia, por motivos de salud o discapacidad, así como también a quienes cuidan de manera remunerada y no remunerada.

Los avances de “Chile Cuida”

También, la subsecretaria Francisca Gallegos, destacó los avances de “Chile Cuida”, que busca convertir las labores de cuidados en un derecho social, humano y de acceso universal, considerando que actualmente en Chile existen cerca de 85 mil personas que ejercen esta tarea, de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH).

“Nos hemos propuesto que Chile sea un país que cuida y protege y, para eso, avanzamos en el aumento de 50 nuevas comunas con el Programa Red Local de Apoyos y Cuidados, donde incluimos a Porvenir; además de la construcción de 40 Centros Comunitarios de Cuidados para este año, y la implementación de una ventanilla única para que todos y todas tengan acceso de forma centralizada a la atención que les corresponde en su calidad de personas que requieren cuidados o de personas que cuidan. Aspiramos a construir un país en el que las familias puedan cuidar con el apoyo del Estado, de las instituciones privadas y de la comunidad; superando la soledad y abandono que ha caracterizado la experiencia de los cuidados para muchos compatriotas y, sobre todo, para las mujeres”, manifestó la subsecretaria de Servicios Sociales.

Mejoras en el Registro
Social de Hogares

Durante el 2023, el ministerio implementó una serie de mejoras en el cálculo de la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares. Entre éstas, se incluyen la incorporación automática del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos; la inclusión de nuevas fuentes de información para verificar la dependencia, discapacidad e invalidez; la exclusión de las pensiones de reparación del cálculo de los ingresos de los hogares; y la actualización de los límites de ingresos asociados a cada tramo de la calificación socioeconómica.

Para la subsecretaria Paula Poblete, “el fortalecimiento de la protección social debe considerar mejores programas sociales, pero también una mayor y mejor inversión pública. Para el fortalecimiento de los programas sociales, implementamos el otorgamiento automático del Subsidio Único Familiar, para beneficiar a niños, niñas y adolescentes del 40% más vulnerable de la población, y aplicamos diversas mejoras en el cálculo de la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares, beneficiando a más de 779 mil hogares que ahora podrán acceder a las políticas sociales. Y, por otra parte, hemos facilitado el mejoramiento de la infraestructura pública, reduciendo la burocracia en la evaluación de proyectos de bajo riesgo y acelerando la evaluación de proyectos de alto impacto social, fomentando el desarrollo local, generando más empleo y respondiendo rápidamente ante emergencias”.

El bienestar de los niños,
niñas y adolescentes

La puesta en marcha de la Ley 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia crea un sistema de garantías, donde las diversas instituciones del Estado, la sociedad civil y la familia deben trabajar de manera integrada, conjunta y coordinada para garantizar los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en Chile. Dentro de las exigencias de esta ley se encuentra la instalación en todas las comunas del país de las Oficinas Locales de la Niñez (OLN), una nueva institucionalidad encargada de la protección administrativa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, a través de la promoción territorial y la de gestión integrada de casos.

La subsecretaria Verónica Silva explicó: “Hemos avanzado en nuestra principal tarea, que es la implementación de la Ley de Garantías y Protección Integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Durante el 2023 instalamos 95 Oficinas Locales de la Niñez en diferentes comunas del país, adicionales a las 104 que ya están en funcionamiento, además a nivel local constituimos los Consejos Consultivos Comunales. Por otra parte, conformamos el primer Consejo Consultivo Nacional para garantizar su participación efectiva de niños, niñas y adolescentes, y aprobamos la Política Nacional de la Niñez y su Plan de Acción que regirá por los próximos 9 años”.

La movilización
de la Conadi

En el marco de esta cuenta pública, los funcionarios de Conadi, en movilización, acusaron falta de personal, de presupuesto y del centralismo en la toma de decisiones, haciendo cada vez más compleja la gestión territorial, ello además de la falta de definición en los procesos de gestión, por lo que la incorporación del pueblo Selk’nam aun no les permite postular a fondos concursable o acceder a otros reconocimientos.

“Nos gustaría avanzar más rápido y el diálogo con los funcionarios a lo largo de todo el país siempre ha estado, va a seguir estando, porque tenemos no sólo la disposición sino la convicción de que necesitamos una institucionalidad robusta que pueda hacerse cargo de deudas históricas en nuestro país, como son las deudas con los pueblos originarios. Pero es un poco más administrativo”.

Respecto de la falta de personal, sostuvo que “esas son materias de gestión que se ven diariamente y nosotros siempre hemos estado a disposición de la conversación con los funcionarios”

La subsecretaria de Servicio Sociales, Francisca Gallegos Jara, comentó: “Al respecto solamente señalar, el día de ayer tuvimos una muy fructífera reunión con las diferentes asociaciones de los servicios relacionados y también de la asociación de nuestro ministerio. El día de hoy también participamos en una reunión específica y hemos estado avanzando también en identificar justamente los desafíos que tú señalas. Cuando nosotros analizamos el aumento de la dotación de todos los servicios, la Conadi sufrió probablemente las mayores ampliaciones en términos de la cantidad de funcionarios (a nivel nacional), pero sabemos que es un desafío que tenemos que continuar y hoy vamos a analizar la situación en cada una de las regiones y por cierto, los desafíos que tenemos hoy sabemos que hay una tasa de aumento de personas que hoy se vinculan a la Conadi de 5.000 personas anuales”, dijo.