“No ha habido argumentos legales ni científicos para debatir, sino más bien desinformación”

Debido al poco financiamiento que recibe por parte del Estado la Corporación Nacional Forestal (Conaf), esta institución ha operado históricamente con convenios que le permitan realizar estudios técnicos y científicos para la elaboración de insumos que sirvan como base para la redacción de instrumentos como los planes de manejo. Según un estudio del Centro de Estudios Públicos (Cep), se requieren entre 44 mil millones y 57 mil millones de pesos más cada año. A modo de ejemplo, la Reserva Nacional Kawésqar tiene un solo guardaparque para un área tan grande como Bélgica.

Francisco Solís Germani, abogado egresado de la Universidad de Concepción, dirige los esfuerzos de Pew en Chile, buscando asegurar la “visión de conservación integral y de largo plazo en la Patagonia chilena”, como dice la página web de la ONG. 

Solís ha trabajado en sectores públicos y privados, para desarrollar e implementar estrategias de conservación de interés.

– ¿En qué consiste el convenio que tiene Pew con Chile para financiamiento y conservación de la Ruta de los Parques de la Patagonia?

– “En 2019, Tompkins Conservation y el gobierno propusieron financiar las áreas protegidas de la Patagonia mediante donaciones de chilenos y extranjeros, con el Estado igualando las contribuciones. Este modelo, llamado PFP, había funcionado bien en otros países como Costa Rica, Canadá, Bután y Colombia. Pero no se llevó a cabo en Chile porque el país y el gobierno tenían otras prioridades después del estallido social y la pandemia”.

– ¿Qué tipo de trabajos ha realizado en parques y áreas protegidas de la Región de Magallanes?

– “Pew ha apoyado los objetivos de Chile para mejorar la gestión de las áreas protegidas marinas y terrestres. Ha colaborado con destacados científicos del Programa Austral Patagonia (ProAP) de la Universidad Austral de Chile para crear estudios que ayuden a Conaf y a las autoridades locales a planificar mejor para la Patagonia. Esto incluye proporcionarles herramientas para monitorear la biodiversidad, como la nueva plataforma de fotomonitoreo de Conaf. A través de ProAP, hemos capacitado a profesionales y guardaparques en un programa de diplomado que abarca diferentes áreas protegidas en Chile, como la Reserva Nacional Los Flamencos, el Parque Nacional Juan Fernández y varias áreas protegidas en la Patagonia.

“También hemos realizado estudios que muestran cómo la gente valora las áreas protegidas y está dispuesta a donar para su gestión. Otro estudio que realizamos muestra que las áreas protegidas impulsan la economía y reducen la pobreza en las comunidades cercanas”.

– ¿Cómo ha sido el trabajo con Conaf para la elaboración de planes de manejo para áreas protegidas?

– “Pew busca asegurar que la mejor ciencia disponible guíe la gestión de las áreas protegidas. Por eso, tenemos un acuerdo con el Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile, donde académicos especializados en biodiversidad terrestre y marina y en metodología internacional de planificación basada en “Estándares de Conservación” aportan con su trabajo. Esto ha ayudado a Conaf en aspectos de capacitación y también proporcionando información técnica y científica para que Conaf desarrolle planes de manejo. La cooperación internacional no es nueva en Chile, especialmente en áreas donde los recursos son limitados. Nuestra organización es sin fines de lucro y no tiene intereses comerciales”.

– ¿Qué responden a los cuestionamientos que ha hecho la industria salmonera a los convenios que tienen suscritos con Conaf?

– “Somos una organización sin fines de lucro que trabaja basándose en la ciencia y tenemos un acuerdo con reconocidos expertos y académicos de la Universidad Austral de Chile a través del Programa Austral Patagonia (ProAP).

“ProAP ha apoyado a Conaf en la mejora de procesos, capacidades, formación de personal y herramientas para la gestión efectiva de áreas protegidas terrestres y marinas en la Patagonia, en alineación con los compromisos nacionales e internacionales de Chile en el contexto de la crisis climática y de biodiversidad. Estos acuerdos no asignan obligaciones de control ni de toma de decisiones sobre la gestión de las áreas protegidas, un rol que legalmente pertenece a Conaf. Esta institución, como representante del Estado chileno, es la única responsable de desarrollar estos planes y coordinar la participación de diversos actores sociales en el plan de manejo.

“En este marco y en cumplimiento con la legislación vigente, ProAP estableció acuerdos de cooperación con Conaf, una institución que históricamente, debido a la falta de financiamiento estatal, ha realizado estos acuerdos con ONG, universidades y otras organizaciones sin fines de lucro orientadas al bien común y sin intereses comerciales para mejorar la gestión de las áreas protegidas”.

“Hasta la fecha, no ha habido argumentos legales ni científicos para debatir, sino más bien desinformación sobre que el plan de manejo excluiría la pesca artesanal y afectaría las operaciones de salmonicultura existentes, lo cual no es cierto, como ya ha explicado Conaf”.