“Estos planes de manejo podrían liquidar las opciones de renovación de las concesiones otorgadas”

Recientemente, desde Santiago y escribiendo para La Tercera, la vicepresidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez Schuster, expuso en una columna sobre la situación económica de la Región de Magallanes. “Crecimiento de Magallanes en peligro”, fue su título, y enumeró una serie de circunstancias que ha levantado las alertas del sector productivo local y nacional.

“Silenciosamente, la regulación medioambiental comienza a amenazar la actividad productiva en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena”, abre su columna, explicando que la “priorización de la conservación se está consolidando a costa del desarrollo económico y social”.

Según expone Jiménez, la primera alerta surge de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Areas Protegidas (Sbap), dado que obliga a que la actividad productiva deba ser compatible con los objetos de protección. Lo anterior suena bien, sostiene, “pero el problema es que se están desarrollando adecuaciones normativas y planes de manejo financiados por Ong internacionales cuyas medidas y exigencias para resguardar la biodiversidad en áreas protegidas está poniendo en peligro el desarrollo y continuidad de la pesca y la salmonicultura en la región”.

En ese sentido, explica que la mayor parte del territorio marítimo de Magallanes está bajo alguna categoría de conservación y “estos planes de manejo podrían liquidar las opciones de renovación de las concesiones otorgadas (y las solicitudes en trámite), afectando a 86 de las 133 concesiones de acuicultura que hoy están en zonas protegidas”.

Incluso Jiménez ahonda más allá y apunta a que “lo que está pasando en la zona austral da cuenta que la ideología del decrecimiento tiene formas diversas de manifestarse, pese a haber sido rechazada en forma mayoritaria en el primer borrador constitucional”.

Cabe mencionar que la columna de opinión fue escrita a los pocos días del pronunciamiento de la Contraloría General de la República, que reafirmó las competencias del Sbap, exponiendo que “el otorgamiento de futuras concesiones en tales áreas, incluyendo tanto las solicitudes que se presenten como aquellas que se encuentren pendientes, debe sujetarse a la referida nueva normativa, la que exige contar, en lo que interesa, con un plan de manejo y con el informe previo del Sbap”.

Jiménez Schuster fue ministra de Economía bajo el segundo gobierno de Sebastián Piñera.