Un fallo que clama por acción en Punta Arenas

El reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, que ordena a la seremi de Salud implementar acciones para mitigar los escurrimientos de aguas servidas desde los campamentos Las Etnias y Lautaro, representa un hito significativo en la lucha por la protección de la comunidad, especialmente de los vecinos de la villa Raúl Silva Henríquez. Este recurso, presentado por la municipalidad de Punta Arenas, destaca la necesidad urgente de abordar una situación que se ha prolongado demasiado tiempo y que pone en riesgo la salud y el bienestar de cientos de personas.

Los campamentos en cuestión están inscritos en el catastro nacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), lo que refleja un problema más amplio de precariedad habitacional en el país. La falta de permisos de construcción y la ausencia de recepciones definitivas son síntomas de una crisis que no sólo afecta a los residentes de estos sectores, sino que también plantea un desafío a las autoridades responsables de velar por el bienestar público.

La Corte ha sido clara al señalar que las omisiones en la regulación y supervisión de estos asentamientos son ilegales. Este fallo no sólo establece una responsabilidad directa para la seremi de Salud, sino que también pone de relieve la necesidad de un enfoque más integral y proactivo para abordar la proliferación de campamentos sin condiciones adecuadas de habitabilidad. Es un llamado a la acción que debe ser escuchado por todos los actores involucrados, desde el gobierno local hasta las autoridades nacionales.

El diseño de un plan efectivo para gestionar los escurrimientos de aguas servidas es una medida necesaria, pero también debe ir acompañada de estrategias a largo plazo que incluyan la regularización de los campamentos y el acceso a servicios básicos. La salud pública no puede ser un tema que se aborde únicamente en situaciones de crisis; es fundamental anticiparse y prevenir problemas que, de no ser atendidos, pueden escalar en dimensiones y repercusiones.

Además, este fallo pone en la mesa de discusión la responsabilidad social de todos los involucrados. En el ámbito habitacional, el Estado debe garantizar condiciones dignas y seguras para todos, evitando que la pobreza se convierta en una condena a vivir en situaciones insalubres y precarias. Se tiene que considerar que no es justo que la existencia de estos loteos irregulares termine afectadando la vida y el bienestar de quienes sí están habitando casas o departamentos regularizados, lo que les ha implicado un esfuerzo en ahorro, construcción y/o en ordenarse para postular a algún subsidio. 

En tal sentido, la decisión de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas es un paso positivo hacia la protección de los derechos de los vecinos de la villa Raúl Silva Henríquez. Sin embargo, esto es sólo el comienzo. La implementación de un plan concreto y la atención integral a la situación de los campamentos son tareas que requieren un compromiso decidido de las autoridades y una participación activa de la comunidad. Solo así podremos construir un futuro más justo y seguro para todos.