Las preguntas sin respuestas que deja la implementación del nuevo Ministerio de Seguridad en Magallanes

En diciembre pasado el Congreso Nacional despachó a ley la creación del Ministerio de Seguridad Pública, quedando a la espera de la firma del Presidente Boric para su promulgación.

La nueva cartera será la encargada de coordinar, planificar y supervisar políticas destinadas a la prevención del delito, el orden público y la seguridad ciudadana. Contará con dos subsecretarías: la Subsecretaría de Seguridad Pública, orientada a supervisar estratégicamente a las Fuerzas de Orden y Seguridad, y la Subsecretaría de Prevención del Delito, enfocada en la gestión de políticas preventivas, protección de víctimas y rehabilitación social.

Las seremis de Seguridad Pública representarán al Ministerio en las regiones, implementando las políticas nacionales, coordinando con actores locales y fortaleciendo la seguridad regional. Trabajarán en conjunto con los delegados presidenciales regionales, quienes podrán instruirlas para requerir el auxilio de la fuerza pública en situaciones críticas.

La creación de las secretarías regionales ministeriales implicaría que las funciones actuales de la Coordinación de Seguridad Pública, dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito, serán absorbidas por esta nueva entidad. 

En las oficinas de la Coordinación de Magallanes el ambiente es de incertidumbre, pues no hay certezas sobre cómo se realizará esta transición. Aún no existe un reglamento que lo regule por lo que no se sabe con certidumbre qué puestos de trabajo pasarían a la seremi, cuáles podrían desaparecer o cuáles se podrían crear.

Respecto a la persona encargada de hacerse cargo de esta transición, y quien pasaría a ser la primera seremi de Seguridad Pública de Magallanes, dentro del Socialismo Democrático hay un consenso de que debe ser Carla Barrientos Hernández, la actual coordinadora de Seguridad Pública. 

El presidente regional del PPD, Roberto Vargas, señaló que Barrientos es “la opción lógica”, dado su desempeño actual y su “conocimiento de la materia”, aunque subraya la necesidad de esperar la promulgación de la ley y los pasos administrativos necesarios para consolidar la estructura del nuevo ministerio. Por su parte, Pablo Busenius, presidente del PS en Magallanes, también considera que Barrientos es la alternativa “natural”. Aunque aclara que esta postura no ha sido discutida formalmente dentro del partido, enfatiza que Barrientos representa una opción sólida para garantizar continuidad en el proceso.

Por su parte, el presidente regional del FA, Pablo Cifuentes, opinó que el cargo debe ser ocupado por la persona “más idónea y con las competencias necesarias”, independientemente de su afiliación política. Aunque reconoce la trayectoria de Barrientos, destaca que la decisión final le corresponde al gobierno.

De acuerdo con la normativa, el reglamento que regirá esta transición deberá ser emitido dentro del plazo de un año a partir de la publicación de la ley.