Tierra del Fuego, más allá de los beneficios tributarios

La insistencia del diputado Christian Matheson en reactivar la discusión sobre un régimen fiscal especial para la provincia de Tierra del Fuego no es nueva, pero sí cada vez más urgente. En una región como Magallanes, donde el aislamiento geográfico se cruza con la fragilidad de una matriz productiva poco diversificada, volver a poner sobre la mesa la necesidad de un trato diferenciado no es un acto de privilegio, sino una demanda legítima de justicia territorial.

Chile no puede seguir administrando su frontera sur con la lógica centralista que ha dominado las políticas públicas durante décadas. Tierra del Fuego, Cabo de Hornos y comunas como San Gregorio o Laguna Blanca no pueden esperar indefinidamente a que la promesa del desarrollo se materialice mientras se vacían de población y oportunidades. El ejemplo argentino es evidente: una política tributaria audaz, implementada en 1972, permitió pasar de poco más de 13 mil habitantes a casi 186 mil en medio siglo. ¿Por qué no atreverse a pensar en grande del lado chileno?

Claro que no basta con copiar un modelo. Lo que necesita Tierra del Fuego no es sólo una exención de impuestos, sino una estrategia integral para activar su desarrollo: inversión en conectividad digital y física, estímulo a las industrias locales, incentivos a la innovación productiva y formación de capital humano. El estatuto fiscal puede ser la punta de lanza, pero no debe ser el único recurso. Todo esto debe cruzarse con una evaluación de por qué las leyes de excepción no han sido instrumentos eficientes y eficaces al momento de pensar en una mayor instalación de empresas.

La propuesta de Matheson también reabre una conversación incómoda, pero necesaria: la urgente diversificación de la economía regional. La alta dependencia de Magallanes en el sector público, la ganadería extensiva, la minería del gas y -más recientemente- el turismo, no es suficiente para sostener un desarrollo equilibrado y resiliente. La región necesita nuevos motores: energías limpias, biotecnología, economía creativa, industrias sustentables vinculadas a su entorno natural y cultural.

Las leyes Navarino y Tierra del Fuego fueron pensadas en otros tiempos, con otras prioridades. Es momento de evaluarlas con honestidad y, si es necesario, reformularlas. Y no se trata sólo de atraer inversiones o aumentar población, sino de generar condiciones dignas y atractivas para que las personas quieran vivir, trabajar y emprender en estos territorios australes.

Tierra del Fuego merece más que promesas y más que ser una línea simbólica en un mapa estratégico. Merece un proyecto de país que reconozca su rol geopolítico, pero también su enorme potencial humano y productivo. Si el Ejecutivo quiere realmente avanzar en descentralización y cohesión territorial, este es el momento para responder al llamado. No sólo de un diputado, sino de todo un territorio que lleva décadas esperando ser tomado en serio.