Tribunales de Familia de la región han ordenado el pago de más de $7 mil millones por deudas de pensiones de alimentos

• Unas 2 mil 400 personas figuran como deudoras de alimentos en
  Magallanes, viéndose afectados directamente 3 mil niños y adolescentes.

Este martes se cumplieron dos años de la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, conocida popularmente como Ley “Papito Corazón”. La normativa permitió avanzar en una deuda histórica con la niñez y adolescencia del país.

En Magallanes, en estos momentos, hay 2 mil 443 personas que figuran en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. De ellas, el 93% corresponde a hombres, confirmando que el incumplimiento de esta obligación sigue teniendo rostro masculino. Esta situación afecta directamente a cerca de 3 mil niños y adolescentes de la región, quienes continúan esperando los recursos destinados a su mantención.

Desde el Centro Interactivo Infantil de Juego y Movimiento (Cijum), espacio enfocado en las infancias y dependiente de Junji, la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando, enfatizó la importancia de esta ley y llamó a los padres deudores a asumir su responsabilidad. “Son cerca de 3.000 niños a los cuales se les adeuda la pensión de alimentos. Por eso nuestro llamado es sobre todo a progenitores padres, a que se pongan al día, porque las infancias, no pueden seguir esperando”, expresó.

En tanto, el delegado José Ruiz Pivcevic, subrayó la magnitud de los recursos movilizados por esta normativa. “Estamos hablando de 2,5 billones de pesos a nivel nacional, y eso llevándolo al ámbito regional, por ejemplo, son más de seis veces el convenio de programación del Ministerio de Obras Públicas con el gobierno regional. Eso nos habla de la buena política pública que es, pero también de la indignación que tiene que generar esta irresponsabilidad que se acumula durante tantos años”, complementó.

Más de $7 mil
millones a nivel local

A nivel regional, según un informe de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, los Tribunales de Familia de la jurisdicción ordenaron el pago de $7.702.698.963 en pensiones de alimentos adeudadas. Este resultado ha sido posible gracias a los mecanismos establecidos por la ley, que permiten acceder a los fondos de los deudores a través de sus cuentas bancarias, instrumentos financieros e incluso sus fondos previsionales.

Para la seremi de Justicia, Michelle Peutat Alvarado, esta legislación ha obligado a fortalecer la capacidad institucional para responder a la alta demanda. “Hoy son muchas más las mujeres que acceden a algo que durante mucho tiempo les fue negado, como fueron las pensiones de alimento, y eso ha significado incrementar los recursos para fortalecer los Tribunales de Familia, implementar mayor tecnología y aumentar el número de funcionarios también avocados a esta tarea”, puntualizó.

Uno de los testimonios que refleja el impacto positivo de esta normativa es el de Waleska Alvarado, usuaria del sistema. “Antes de la nueva ley, era realmente un trámite engorroso (…) Cuando salió la nueva ley, fue más expedito. Hice el trámite online y en tres meses tenía los resultados. He cobrado en tres oportunidades a través de la AFP, y en un mes y medio he tenido el pago”, relató.

La Ley “Papito Corazón” no sólo ha hecho posible que miles de familias accedan finalmente a los recursos que les corresponden, sino que también ha marcado un precedente en la forma en que el Estado garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes a una vida digna, haciendo efectiva la responsabilidad parental a través de mecanismos concretos y accesibles. En Magallanes, los resultados son claros: la justicia comienza a saldar una deuda de años con la infancia.