Esperada reducción de la “permisología” a ley: las claves, polémicas y el festejo empresarial

Ayer la Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto que modifica la entrega de permisos sectoriales y que promete disminuir considerablemente la denominada “permisología”. Se trata del principal proyecto que promueve el gobierno para agilizar la tramitación de los proyectos de inversión. 

La iniciativa tuvo un amplio respaldo en su paso por el Congreso. Es que más del 90% de sus artículos fueron aprobados por unanimidad en comisiones. 

El proyecto de permisos sectoriales reduciría de forma importante los tiempos de tramitación de proyectos, y es que hoy la denominada “permisología” es la principal barrera para la inversión en Chile. 

En concreto, según información del Ministerio de Economía, para grandes iniciativas de infraestructura o energía la disminución sería de un 30%, mientras que para proyectos de baja complejidad sería de hasta un 70%. La nueva ley moderniza y estandariza los procesos de más de 380 autorizaciones sectoriales y coordina a 37 organismos públicos pertenecientes a 12 ministerios, eliminando duplicidades y arbitrariedades. 

Según se establece, todos los órganos públicos que otorgan permisos deberán respetar plazos máximos definidos por ley, iniciar procedimientos mediante formularios estandarizados y justificar cualquier requerimiento adicional. 

En caso de incumplimiento, se aplicará el silencio administrativo positivo, es decir, se interpretaría como una resolución favorable para el proyecto en tramitación. 

Por otro lado, ya no será posible que un servicio exija como requisito tener otras autorizaciones previas para comenzar una tramitación, salvo que la ley lo indique expresamente, eliminando cuellos de botella innecesarios y permitiendo avanzar en simultáneo. 

Asimismo, los permisos de bajo riesgo podrán ser reemplazados por declaraciones juradas o avisos, trasladando el control a una etapa posterior con fiscalización y sanciones en caso de uso malicioso. 

Esto favorecería especialmente a las empresas de menor tamaño, según la cartera de Economía. 

Desde la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) valoraron la aprobación de la iniciativa. “Permitirá acortar los plazos de tramitación de proyectos de inversión, y con ello, acelerar su materialización, con los consecuentes beneficios en generación de empleo y crecimiento”, indicó Susana Jiménez, presidenta de la entidad. 

“Este es un primer paso importante y necesario, que nos desafía a seguir trabajando en esta línea. Por ejemplo, que el otorgamiento de permisos para una desaladora -fundamental para las personas y la economía- pase de demorar 8 años a tardar 6 años, es un avance”, añadió. 

“Refleja que se puede hacer aún más para seguir avanzando en una mayor agilidad en la entrega de autorizaciones por parte de los organismos del Estado y en mayor certeza jurídica para los inversionistas”, concluyó. 

Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) sostuvo que “hoy se dio un primer paso para reducir los tiempos de tramitación de los proyectos de inversión en el país, que en el caso de la industria minera, se pueden extender hasta 12 años”. 

Por lo tanto, si bien valoró la nueva ley, afirmó que “todavía queda mucho por hacer”. 

“Este proyecto excluye la tramitación de permisos ambientales, que son la principal traba para la ejecución de proyectos por su demora en la obtención de permisos”, concluyó.

Emol