Magallanes, defensa y soberanía

La Presidencia dispuso que la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, llegara a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena para realizar su cuenta pública. Debemos valorar esto no sólo como un gesto administrativo en respuesta a una instrucción presidencial de descentralizar la acción ministerial.

En nuestro territorio se cruzan hoy las preocupaciones por la soberanía antártica, la vigilancia del espacio marítimo, la proyección aeroespacial y la necesidad de responder, con decisión, pero sin alarma, a fenómenos como la migración irregular y el crimen organizado.

Magallanes es un espacio geopolítico donde confluyen intereses científicos, comerciales, militares y medioambientales. El buque Viel -emblema del despliegue antártico chileno- sigue operativo, y su sucesor ya avanza en los astilleros de Asmar, como parte de una política de construcción naval continua que el gobierno ha institucionalizado. La ministra fue clara: aunque el contexto macroeconómico ha obligado a hacer ajustes, estas inversiones estratégicas cuentan con recursos asegurados por decreto, porque representan mucho más que gasto al ser proyección de soberanía.

En paralelo, el ministerio de Defensa también proyecta a Magallanes como un polo vinculado al nuevo sistema satelital nacional. Pero Delpiano aclaró que no basta con el respaldo del nivel central: el Consejo Regional debe decidir si pondrá los recursos para construir la infraestructura necesaria. Es una decisión que marcará el rumbo de Magallanes por décadas. O la región se suma desde ahora al desarrollo tecnológico del país, o vuelve a perder una oportunidad histórica por mezquindades de corto plazo. Al respecto, quizás lo cuestionable es que, siendo una política pública nacional, se endilgue a las arcas regionales el costo de construir dicho centro en Punta Arenas.

Pero, también hay otros temas que dicen relación con la seguridad y la soberanía, como la vigilancia en el mar austral, en particular frente al incremento de actividades pesqueras cerca del mar de Drake. Con recursos navales siempre limitados, hubiera sido importante escuchar que su ministerio no sólo está consciente de aquello, sino que destinará mayores recursos para que la Armada pueda realizar una labor eficaz y eficientemente.

La presencia ministerial permitió abordar los ribetes del caso del piloto estadounidense que aterrizó sin autorización en una pista chilena en plena Antártica. La ministra no dudó en calificarlo como un “acto de locura juvenil”, pero también subrayó la gravedad de lo ocurrido: se violaron normas, se puso en riesgo la vida del propio piloto y se comprometió al país en términos operativos y diplomáticos.

Abordó los casos recientes de militares vinculados al narcotráfico con responsabilidad institucional, pero sin dramatismo. Reconoció que son hechos graves, pero valoró que fueron las propias ramas de las Fuerzas Armadas las que detectaron y denunciaron los delitos.

El enfoque de la ministra también se alejó de lecturas alarmistas en relación con la migración irregular. Al ser consultada por la solicitud de reforzar el rol de las Fuerzas Armadas en la frontera magallánica, argumentó que no todo ingreso irregular está vinculado al crimen organizado y dijo que una decisión de esa naturaleza requiere datos, evaluación técnica y planificación. Rechazó la idea de militarizar sin fundamento.

Ello, sin duda, no se condice con la percepción ciudadana de que nuestra zona dejó de ser un territorio ajeno a este tipo de operaciones criminales y que se requiere una mirada distinta y acciones más certeras desde el Estado.