Gremio de Empresas para el H2V pide retirar la suma urgencia del proyecto de incentivo tributario

• Christopher Matulich presentó un par de propuestas ante la Comisión de Haciendade la Cámara Baja, en medio de la discusión de la Ley de Incentivo al Hidrógeno Verde.

“Necesitamos un debate profundo y responsable, y no un trámite exprés”, así comenzó su exposición ante la Comisión de Hacienda el representante del Gremio de Empresas para el Hidrógeno Verde, Christopher Matulich, quien solicitó retirar la suma urgencia al proyecto de incentivo tributario al H2V. Esta iniciativa busca promover la demanda local, establecer el pago del 1% de la inversión al momento en que el proyecto obtenga la Resolución de Calificación Ambiental, y limita a las empresas instaladas en Magallanes a acceder a las leyes de excepción.

A juicio de Matulich, se necesita mayor tiempo para que la iniciativa pueda ser debatida entre las autoridades y los gremios locales de Magallanes. “La idea es tener propuestas más sólidas”, añadió. La solicitud de retirar la suma urgencia fue respaldada por el parlamentario magallánico Carlos Bianchi.

“Queremos evitar que se repitan errores del pasado, como ocurrió con la industria de la centolla, la salmonicultura o el hidrocarburo, donde muchas veces los beneficios no quedaron en la región”, indicó Matulich.

Esta fue una de las tres solicitudes realizadas por Matulich a los diputados integrantes de la comisión.

La idea de Matulich 

Durante su exposición, propuso incorporar una ponderación mínima “de al menos un 10%” para las pymes locales en las licitaciones de Hidrógeno Verde. Calificó esto como un “punto clave”, argumentando que las empresas locales se han visto afectadas por su mayor conocimiento logístico del territorio, lo que encarece sus propuestas en licitaciones previas.

Indicó que esta ponderación del 10% podría ser una herramienta útil para generar valor y experiencia local, evitando que proyectos queden a medio terminar o sean abandonados por empresas foráneas que licitan con precios irreales.

“Si no se incorporan las pymes locales, estaremos dejando fuera el motor real de la industria y los empleos de la economía regional”, expresó Matulich.

Esta idea fue calificada de “inconstitucional” por el diputado Ricardo Cifuentes, quien aseguró que “tales medidas han sido declaradas inconstitucionales debido al principio de igualdad de oportunidades”. Solicitó al Ejecutivo pronunciarse sobre estas propuestas.

Judicialización
 de proyectos

Otro de los puntos abordados fue cómo evitar que los proyectos de H2V sean judicializados. Según Matulich, se deberían establecer procesos como la mediación anticipada obligatoria, permitir que solo organizaciones formalmente constituidas y con afectación directa puedan judicializar los proyectos, y establecer un plazo limitado de seis mesespara la impugnación.

Una mediación anticipada obligatoria permitiría a las partes pasar por una instancia de diálogo formal, buscando acuerdos antes de acudir a tribunales. Esto, aseguró, evitaría retrasos innecesarios en el inicio de proyectos que podrían tardar entre dos y cinco años más si son judicializados sin sustento sólido.

Según Matulich, establecer requisitos para quienes quieran judicializar impediría que “personas con intereses ajenos al bienestar local paralicen iniciativas clave para el desarrollo económico de la zona”.