El “cartel de la centolla”

A veces, en Magallanes seguimos creyendo que nuestra lejanía geográfica nos protege de las grandes redes de la corrupción y de la contravención de la ley. Pensamos que somos un territorio casi impoluto, desde el punto de vista de grandes escándalos públicos, colusión empresarial y distintas formas de delitos.

Pero, la reciente acusación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) contra siete empresas procesadoras de centolla en Magallanes y ocho de sus ejecutivos no sólo nos sorprende, sino que echa por tierra aquella percepción.

En efecto, la indagatoria de la FNE revela un escenario preocupante: por casi una década, estas compañías habrían concertado precios para maximizar sus ganancias, afectando directamente a los pescadores artesanales que dependen de este recurso para subsistir. Entre 2012 y 2021, la colusión permitió fijar precios iniciales más bajos y retrasar alzas que naturalmente se producen durante la temporada, reduciendo la independencia de los pescadores y limitando sus posibilidades de ingresos justos.

El daño no es sólo económico, sino también social y regional. Los pescadores artesanales de la zona confiaban en que sus esfuerzos y riesgos al extraer la centolla serían remunerados de manera justa. Sin embargo, la coordinación entre empresas mediante reuniones, correos y llamadas telefónicas revela una estrategia deliberada para neutralizar la competencia y priorizar la maximización de beneficios sobre la equidad. Que parte de esta conducta haya sido confesada por una de las compañías involucradas no disminuye la magnitud del perjuicio ni el desafío que enfrenta la justicia para resarcir a quienes fueron afectados.

El requerimiento presentado al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), con multas millonarias que superan los US$54 millones para las empresas y US$ 445 mil para los ejecutivos responsables, busca no sólo sancionar sino también enviar un mensaje claro: la colusión, en cualquier mercado y región del país, será perseguida con todo el rigor. 

Es imperativo que estas acciones refuercen la transparencia y la competencia leal, y que se proteja de manera efectiva a los actores más vulnerables, en este caso los pescadores artesanales, quienes sostienen con su trabajo la economía local y la identidad pesquera de Magallanes.

El llamado es doble: a que la justicia siga de cerca el caso y a que el sector productivo internalice que la colaboración para defraudar al mercado no es un camino viable. 

La credibilidad de los mercados regionales y la sostenibilidad de la pesca artesanal dependen de que hechos como el “cartel de la centolla” no se repitan jamás.