Permisología

Comenzó a regir una de las leyes más esperadas por el mundo productivo y por buena parte de la ciudadanía: la normativa que busca reducir la llamada “permisología”, es decir, la maraña de trámites y tiempos excesivos que durante años se han convertido en un verdadero obstáculo para la inversión y la iniciativa privada en Chile.

La ley introduce cambios sustantivos: la tramitación paralela, que permitirá realizar en simultáneo gestiones que antes se hacían de forma consecutiva; la implementación del silencio administrativo, que impide que un organismo mantenga indefinidamente entrampado un permiso; las técnicas habilitantes alternativas, como las declaraciones juradas, que agilizan procesos de bajo riesgo; y la creación de una ventanilla única digital para centralizar el seguimiento de los trámites. Estos avances se enmarcan en un diagnóstico compartido: el exceso de burocracia no sólo desincentiva proyectos, sino que también erosiona la competitividad del país.

Las estimaciones del propio Ejecutivo son elocuentes: los tiempos de tramitación podrían reducirse entre un 30% y un 70%, dependiendo de la complejidad de cada iniciativa. Un pequeño restaurante que hoy demora ocho meses en obtener permisos podría estar funcionando en apenas dos. Para proyectos estratégicos, los plazos se reducirán a la mitad y se otorgará un marco de certeza regulatoria de hasta ocho años. El impacto en la economía no es menor: se proyecta una mayor recaudación, la activación de obras públicas y privadas, y un efecto multiplicador en el empleo.

Pero no basta con celebrar el inicio de esta reforma. El verdadero desafío está en su implementación. La ley modificó 46 cuerpos legales y varias de sus disposiciones requieren reglamentos y ajustes que recién estarán plenamente operativos hacia 2026. Será esencial que los organismos públicos actúen con responsabilidad y coherencia, evitando que la promesa de agilidad se diluya en nuevas trabas o en la falta de fiscalización.

Chile necesita inversión, pero también necesita certezas. Reducir la permisología no puede traducirse en relajar estándares ambientales o de seguridad, sino en aplicar regulaciones con eficiencia, transparencia y proporcionalidad. Si el Estado logra equilibrar esa ecuación, esta normativa puede convertirse en un verdadero motor de crecimiento, innovación y empleo.

En definitiva, esta ley no es sólo una reforma administrativa, ya que puede ser vista como un test de madurez para el país. Su éxito dependerá de la capacidad de convertir la simplificación en un ejercicio de confianza, donde la iniciativa privada encuentre un terreno fértil, sin que ello signifique sacrificar el bien común ni las reglas que resguardan el desarrollo sostenible.