Familia yagán recurre a tribunales para detener desalojo en bahía Mejillones

Luego de que La Prensa Austral diera a conocer del ultimátum recibido por la familia de Claudia González, artesana yagán, para desalojar su hogar, ésta interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Con esta acción busca frenar la medida que la despojaría de su casa y taller en bahía Mejillones, ubicado en el sector Katushwea de la comuna de Cabo de Hornso. La acción judicial se dirige en contra de la Delegación Presidencial de la Antártica Chilena, encabezada por Constanza Calisto.

El conflicto se remonta a comienzos de octubre, cuando la familia de González recibió el oficio Nº169 de la Delegación Presidencial, en que se les notificaba de una solicitud de desalojo de parte de la Armada. Les otorgaron 20 días para regularizar su situación mediante la solicitud de una concesión marítima o abandonar el lugar.

Contrario a lo respondido por la delegada Calisto a La Prensa Austral en una nota anterior, donde aseguró que se ha citado para indicarle “que nuestra intención es que ella regularice su situación”, el recurso expone que el actuar de la Delegación es “arbitrario e ilegal”. Según indica no fue respetado el derecho a consulta y al consentimiento previo, libre e informado, establecido en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile.

“Desalojarnos sin escucharnos previamente es privarnos de nuestro derecho a existir allí, junto al mar”, señala el escrito, que también destaca que el territorio ha sido habitado por la familia González Calderón desde 2001 y forma parte de los predios restituidos a la comunidad yagán en 1994 bajo la Ley Indígena.

Entre los derechos vulnerados, enumeran en el recurso el derecho a la integridad psíquica, la honra, la igualdad ante la ley, la libertad de conciencia y el derecho de propiedad. Además, sostiene que el taller ubicado en el lugar -donde su padre, Martín González Calderón, creaba artesanías- es un “museo vivo” y un espacio de transmisión cultural.

La familia solicita al tribunal que se decrete una orden de no innovar para suspender el desalojo mientras se resuelve el recurso. Por otro lado, piden oficiar a la oficina regional de Punta Arenas de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) a fin de que informe sobre los títulos de propiedad de la Comunidad Indígena Yaghan Bahía Mejillones, que constan en el Registro de Tierras Indígenas. 

Finalmente, solicitan como medida oficiar a la Delegación Presidencial de la Antártica que acompañe la carta entregada por la Comunidad Indígena Yaghan Bahía Mejillones, así como cualquier información que fundamente la decisión de desalojo prevista en el oficio entregado a comienzos de octubre.