Comunidad kawésqar denuncia vulneración de derechos en restauración de cementerio ancestral en Puerto Edén

• El proyecto pretende restaurar y rehabilitar el camposanto. Sin embargo, la comunidad recurrente alega que el proceso se realizó sin su consentimiento, vulnerando derechos y estándares internacionales.

La Comunidad Indígena Jetarkte, representada por su presidenta Margarita Vargas López, interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas contra la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, y la empresa It’Eria SpA. El conflicto surge por la licitación y adjudicación del proyecto “Restauración del Cementerio Ubicado en la localidad de Puerto Edén”, impulsado sin consulta previa a la comunidad, a pesar de que en dicho cementerio yacen restos de familiares y antepasados directos de miembros de la comunidad.

El conflicto expone una profunda tensión entre los procedimientos administrativos del Estado y los derechos ancestrales del pueblo kawésqar, específicamente en la isla Cementerio, ubicada a 1.300 metros del muelle Arturo Prat de Puerto Edén. En este camposanto yacen restos de familiares considerados parte fundamental de su memoria colectiva.

El proyecto, licitado por la Oficina de Asuntos Indígenas de la Conadi en Punta Arenas y adjudicado a It’Eria Spa en septiembre de 2025, pretende restaurar y rehabilitar el cementerio. Sin embargo, la comunidad recurrente alega que el proceso se realizó sin su consentimiento, vulnerando derechos y estándares internacionales como el Convenio 169 de la OIT, que exige consulta previa, libre e informada en proyectos que afectan el patrimonio indígena.

Entre las tumbas que podrían verse afectadas se encuentran las de Celia del Carmen Navarino Maiga, Virgilio Renchi Sotomayor y Francisco Sotomayor San Eduardo, familiares de Carlos Renchi Sotomayor, reconocido como uno de los últimos hablantes y narradores de la lengua kawésqar. También hay restos de Rosalinda López y Rosa Agustina Edén, padres de Margarita Auxiliadora Molinari Eden, emblemática mujer kawésqar.

Daño a las tumbas

Según relata el recurso, estas tumbas se encuentran vulnerables, próximas al área de intervención y forman parte del patrimonio colectivo de la comunidad. En esa línea, indicaron que las actividades ya iniciadas, como el movimiento de tierra, limpieza y futura construcción de un cinerario privado, amenazan con causar “daños irreversibles a tumbas y cruces frágiles, exponiendo restos ancestrales a alteración o destrucción”.

Agregan que “existe la invisibilización de las familias y descendientes que no fueron ni consultados ni informados adecuadamente sobre el proceso”.

Además, sostienen que el sitio referido carece actualmente de declaratoria o inscripción vigente dentro de las categorías oficiales de protección patrimonial establecidas por la ley de Monumentos Nacionales. En consecuencia, el lugar no se encuentra bajo ningún régimen jurídico de protección especial.

Por último, el recurso apunta directamente a la empresa It’Eria Spa, indicando que el proyecto fue presentado como restauración del cementerio, pero que “responde en realidad a intereses particulares de un grupo familiar, Tonko Huenucoy, dueños de It’Eria Spa”. Aquello, indican, “constituye una manipulación y falseamiento del sentido patrimonial y colectivo del cementerio”.

Acusan “falta a la ética y a la probidad”

Margarita Vargas López, presidenta de la Comunidad Jetarkte de Puerto Edén, afirmó que “acá, claramente, se pasó a llevar los derechos de todas las familias y comunidades que estamos constituidas legalmente y que tenemos arraigo en Puerto Edén”.

Cuestionó además la actuación de la empresa adjudicataria y de funcionarios públicos: “La empresa corre con colores propios bajo intereses personales, económicos y profesionales. Me parece una falta a la ética y a la probidad que una profesional del área de la antropología y con origen kawésqar desconozca los protocolos y derechos indígenas”.

Vargas también se refirió a la conducta del jefe de la Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas: “Nelson Aguilera, como antropólogo y funcionario antiguo, desconoce el protocolo, desconoce nuestros derechos, desconoce las herramientas internacionales y nacionales que nos respaldan”.

El recurso solicita una orden de no innovar para suspender inmediatamente las obras mientras se resuelve el recurso, y se pide que se declare la inadmisibilidad del proyecto en los términos actuales. “Esperamos que la corte declare admisible este recurso y se pronuncie respecto de no innovar”, señaló Vargas. “Que se resuelva si es pertinente seguir con este trabajo y si es beneficioso para el pueblo y para el cementerio, bajo el amparo y fiscalización de organismos pertinentes”.