Más de $29 mil millones es el monto a pagar en patentes por no uso de aguas a nivel regional

Hasta el 31 de marzo, los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas tienen plazo para pagar las correspondientes patentes, en caso de no contar con las obras necesarias para el uso efectivo de las aguas, de acuerdo con la resolución que fija el listado elaborado por la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas para 2026. Este listado fue publicado a mediados de enero en el Diario Oficial, difundido a través de varios medios de comunicación y disponible en la página web de la DGA.

En Magallanes, el listado considera un total de 181 derechos de aprovechamiento de aguas, tanto consuntivos (agua que se usa y no se devuelve al cauce o acuífero) como no consuntivos (agua que se usa y luego retorna al cauce o acuífero), que en forma conjunta deberán cancelar aproximadamente $29.332 millones. Los derechos por caudal consecutivo constituyen 45 mil litros por segundo, mientras que los no consecutivos equivalen a 27 mil litros por segundo.

A nivel nacional, el proceso 2026 contempla un total de 5.432 derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas, por un monto de $397.326 millones.

El pago debe realizarse ante la Tesorería General de la República hasta el 31 de marzo. En caso de no cumplir con este trámite, se iniciará un proceso de cobranza judicial, que podría derivar en el remate del derecho de aprovechamiento de aguas.

Según la ministra de Obras Públicas, Jessica López, este año disminuyeron un 3% los derechos sujetos a cobro de patentes, baja atribuible a la instalación de obras de captación o, en algunos casos, a la aplicación de exenciones establecidas en la normativa vigente. “Sin embargo, el monto total es mayor en $240 mil millones respecto a 2025”, precisó la ministra, agregando que esto se debe a un cambio en la fórmula de cálculo del valor de la patente para todos los derechos de aprovechamiento de aguas, producto de la reforma al Código de Aguas de abril de 2022.

“El cobro de esta patente es una herramienta que permite disuadir el acaparamiento y la especulación del agua”, aseguró López.

Recaudación de fondos

El pago de estas patentes implica la recaudación de fondos para el fisco, los cuales se distribuyen un 65% al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) de cada gobierno regional; un 10% a los municipios, en proporción a la superficie de las comunas donde sea competente el Conservador de Bienes Raíces en cuyo registro figuren las inscripciones respectivas y un 25% a los fondos fiscales generales.