Ministro Poduje recurriría al mecanismo de la Ley de Urbanismo para desalojar las “tomas” de terreno en Punta Arenas

Lucas Ulloa Intveen
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Una visita anunciada hace casi un mes y de la que mucho se ha comentado, pero poco se ha sacado en limpio. El ministro de Vivienda, Iván Poduje comprometió una visita a la Región de Magallanes con foco en abordar una problemática de largo aliento en la ciudad de Punta Arenas: las “tomas” de terrenos que dieron forma a los campamentos Las Etnias y Lautaro. El primer aviso lo dio el senador Karim Bianchi, quien en contacto con este medio confirmó que el secretario de Estado ya compró los pasajes y fecha para su aterrizaje en la región: el próximo sábado 2 de mayo.

“Vamos adelante con desalojo”. Así se lo reconoció el propio ministro Iván Poduje en conversaciones con el senador Bianchi, a las que pudo acceder este medio. “Voy el 2 de mayo. Confirmado”, cerró la autoridad de Vivienda.

“El día de ayer (jueves) sostuve una conversación para reconfirmar la visita del ministro Iván Poduje a la ciudad de Punta Arenas”, declaró el senador Karim Bianchi a través de su equipo de comunicaciones. El objetivo es abordar la situación que afecta a vecinos del sector norponiente, en las inmediaciones de la toma. El senador agregó que en el diálogo directo con el secretario de Estado, le confirmó que ya cuenta con sus pasajes y la agenda de actividades para la próxima semana se está afinando en estos momentos.

Sin embargo, desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, este anuncio lo toman con cautela. No desmienten la visita, no obstante desde su equipo de comunicaciones indicaron que “no tenemos una agenda oficial confirmada para informar”. Esto se condice con lo informado por el senador Bianchi, y desde el Minvu agregan que “apenas exista una actividad pública del ministro en la región, la vamos a comunicar oportunamente”.

Desalojo

El mecanismo que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) buscaría activar para materializar el desalojo de la “toma” no pasa por una denuncia por usurpación ante los tribunales, sino que se apoya en un cuerpo legal distinto: la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Según ha podido conocer este medio, la estrategia del ministro Iván Poduje consiste en aplicar esta normativa porque resulta significativamente más rápida que la vía penal tradicional.

¿Por qué más rápida? La razón es de procedimiento. Mientras que una querella por usurpación requiere un proceso judicial que puede extenderse por meses o años -con investigaciones, notificaciones y una orden de desalojo dictada por un juez- , la Ley de Urbanismo otorga herramientas administrativas directas a las autoridades del sector.

En concreto, el artículo 145 de esta ley establece que “ninguna obra podrá ser habitada o destinada a uso alguno antes de su recepción definitiva” por parte de la Dirección de Obras Municipales. Como las viviendas construidas en “tomas” carecen de los permisos municipales y de dicha recepción, su ocupación resulta automáticamente ilegal bajo esta norma. La consecuencia legal, según el mismo artículo, faculta al alcalde -a petición del director de obras- a decretar “la inhabilidad de la obra y el desalojo de los ocupantes, con el auxilio de la fuerza pública”.

A esta herramienta se suma el artículo 157 de la misma ley, que entrega una atribución aún más directa al seremi de Vivienda. Dicho artículo permite al seremi ordenar, fundadamente y con auxilio de la fuerza pública si es necesario, la paralización y demolición total o parcial de obras que se ejecuten sin el permiso municipal correspondiente o en contravención a los planes reguladores. Así, el Minvu no requeriría esperar una resolución judicial para avanzar: bastaría con que el seremi emitiera una resolución fundada, previo informe de la Dirección de Obras Municipales de Punta Arenas, para ordenar la demolición de las construcciones y, con ello, el desalojo de sus ocupantes.

Fuentes cercanas al proceso han señalado a este medio que esta vía es la que el ministro Poduje ha planteado en conversaciones reservadas, justificándola en la necesidad de “dar una señal de celeridad” ante el crecimiento de las “tomas” en la región.

El precedente de
Las Etnias y Lautaro

Este mecanismo no es hipotético ni nuevo en la región. Tal como reportó este medio en octubre de 2024, la propia Municipalidad de Punta Arenas -en coordinación con la seremi de Vivienda- emitió tres decretos alcaldicios el 12 de agosto de ese año ordenando la demolición total de hasta 36 edificaciones en los campamentos Las Etnias y Lautaro.

En esa ocasión, las causales esgrimidas fueron idénticas a las que ahora se barajan para la “toma”: las viviendas carecían de permisos de edificación, no tenían recepción definitiva de obras y representaban riesgos para la salubridad y seguridad de las familias. Los terrenos, además, pertenecían al Serviu, a la constructora Salfa y a un particular. Las familias afectadas, eso sí, fueron reubicadas en el nuevo conjunto habitacional Monte Tarn, un antecedente que el Minvu podría replicar ahora.

Ese antecedente cobra particular relevancia dado que, según informa el director de Obras Municipales de Punta Arenas, Alex Saldivia, los decretos siguen plenamente vigentes. “Corresponden a dos predios privados, que se encuentran en el sector de la “toma”. Todavía el propietario no nos ha informado cuál fue el resultado de la acción que ellos debían ejecutar respecto de estos decretos, o sea, eliminar todas las edificaciones que fueron solicitadas”, sostuvo Saldivia.

Respecto del uso de esta modalidad, Saldivia explica que “no hay otra herramienta que tenga el municipio para poder actuar”. El director agrega que todas estas edificaciones se encuentran sin permisos de edificación y tampoco puede ser regularizadas al estar en terrenos ajenos.