Cerca de ochenta ocupaciones ilegales en el litoral: el catastro que la Armada no ha podido vaciar

Hay un mapa. Lo tiene la Armada de Chile. Ochenta puntos georeferenciados distribuidos a lo largo del litoral bajo jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas: coordenadas exactas, nombres, cédulas de identidad, tipo de construcción, superficie ocupada. Cada punto es una ocupación ilegal del borde costero fiscal. Todos fueron notificados y hasta ahora ninguno ha sido desalojado.

El catastro más reciente, actualizado al 10 de octubre de 2025 y remitido formalmente al Delegado Presidencial Regional en noviembre de ese año, consigna 78 casos. Cinco meses después, en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública, la Armada actualizó la cifra a 80 ocupantes activos más 7 en vías de regularización. El Gobernador Marítimo de la región, Francisco Arias, precisó a este medio que el total en Magallanes es de 94: 78 correspondientes a Punta Arenas, 15 a Natales y 1 a Tierra del Fuego.

La última acción administrativa para intentar revertir la situación data del 13 de noviembre de 2025: un oficio del Capitán de Puerto de Punta Arenas, Capitán de Fragata LT Esteban Ávila Figueroa, dirigido al entonces Delegado Presidencial Regional José Ruiz Pivcevic, reiterando el requerimiento de auxilio de la fuerza pública para proceder con los desalojos. Era la segunda vez que se formulaba ese pedido. La primera había sido en julio de 2024. Ninguno tuvo efecto.

Casas y empresas

El sector con mayor cantidad de registros se llama Guairabo. Es una franja costera al norte de Punta Arenas donde se concentran más de cincuenta de los cerca de ochenta casos registrados son, en su mayoría, casas habitación: construcciones levantadas sobre terreno fiscal costero sin concesión ni permiso, habitadas por una persona cada una. Todos notificados como ilegales.

El segundo foco está en las cercanías de la desembocadura del río Santa María, al sur de la ciudad. Más al sur, en el kilómetro 65 de la Ruta 9 Sur, en el entorno del Faro San Isidro, hay al menos una ocupación adicional de terreno de playa, confirmada por la Armada en respuesta oficial de abril de 2026.

Entre los cerca de ochenta casos hay también ranchas artesanales, una rampa de varado, un depósito de contenedores y construcciones de distinto tipo. Pero tres situaciones concentran la mayor complejidad jurídica y política del catastro: dos empresas con actividad productiva activa y una comunidad indígena.

Whalesound en
Isla Carlos III

Isla Carlos III está en el corazón del estrecho de Magallanes, a poco más de 60 kilómetros al oeste de Punta Arenas por vía marítima. Es uno de los principales sitios de avistamiento de ballenas jorobadas del hemisferio sur y desde 2005 está declarada Bien Nacional Protegido, condición establecida por Decreto Exento N° 662 para conservar y proteger su hábitat costero y fauna. En esa isla opera, desde 1999, la Sociedad Turismo Whalesound Limitada.

La historia de Whalesound en Isla Carlos III es más larga y enredada de lo que el catastro de la Armada sugiere. Según informó la seremi de Bienes Nacionales, Lorena Díaz Loaiza, la empresa comenzó arrendando terrenos al Ministerio en 1999 para instalar un campamento científico y desarrollar proyectos ecoturísticos. Con el tiempo consolidó su operación de turismo de naturaleza y navegación y, desde 2006, cuenta con una concesión de uso oneroso vigente que abarca 35 hectáreas de superficie en la isla, por un plazo de 25 años que se extiende hasta 2031.

Esa concesión existe y está vigente. El problema está en otro registro.

El catastro de la Armada registra a Whalesound como caso número 74 con una ocupación ilegal de más de 36.500 metros cuadrados que incluye 279,84 m² de terreno de playa, 34,39 m² de zona de agua, 49,80 m² de fondo de mar y construcciones en esa franja costera. Son los sectores marítimos de la isla -el litoral, el borde de agua, el acceso náutico- que no están bajo administración de Bienes Nacionales sino bajo jurisdicción de la Autoridad Marítima. Para esa franja específica, la Gobernación Marítima denegó la solicitud de concesión. En marzo de 2025, el Ministerio de Defensa Nacional ratificó ese rechazo.

En otras palabras: Whalesound tiene permiso para estar en la isla, pero no tiene permiso para ocupar el litoral.

La Capitanía de Puerto solicitó el auxilio de la fuerza pública para el desalojo de esa franja en julio de 2024 y lo reiteró en noviembre de 2025. La empresa sigue en la isla y en el litoral. Consultado por El Magallanes, el administrador de Whalesound, Andrés Ruiz Pivcevic, confirmó que el propietario no dará declaraciones. “El tema está en proceso con abogados y mezcla concesiones con Bienes Nacionales igual”, respondió por escrito.

El administrador de Whalesound es Andrés Ruiz Pivcevic. Su hermano, José Ruiz Pivcevic, fue Delegado Presidencial Regional de Magallanes desde mayo de 2023 hasta el 11 de marzo de 2026. Durante todo ese período -incluyendo los meses en que se denegaron las concesiones marítimas, en que la empresa fue notificada como o cupante ilegal y en que la Armada solicitó en dos oportunidades el auxilio de la fuerza pública- el funcionario al que correspondía ordenar ese desalojo era el hermano del administrador del ocupante.

El oficio del 13 de noviembre de 2025, dirigido al exdelegado, es el documento que solicita mover a Carabineros para desalojar, entre otros, la infraestructura costera de la empresa administrada por su hermano Andrés.

Salmones Blumar
en seno Skyring

El caso número 72 del catastro está en uno de los territorios más remotos de la región: Punta Rocallosa, en el seno Skyring, en el interior de los fiordos y canales al norte del estrecho de Magallanes. Ahí, Salmones Blumar tiene instalado un atracadero flotante de 128,97 m² sin concesión vigente. El Ministerio de Defensa Nacional denegó la solicitud de la empresa. La Armada solicitó el desalojo. El atracadero sigue en pie y en uso.

Según Salmones Blumar, se trata de “una solicitud de concesión marítima menor en curso, cuya tramitación se encuentra a la espera de aprobación debido a la sobreposición con la solicitud de ECMPO Kawésqar- Última Esperanza”. El catastro de la Armada registra la concesión como denegada, no como pendiente. La empresa no aclaró esa contradicción antes del cierre de edición.

Lo que no está en disputa es que el atracadero funciona como infraestructura de apoyo logístico para los centros de cultivo que la empresa opera en el seno Skyring. En diciembre de 2025, Salmones Blumar ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental dos proyectos para ampliar la producción de sus centros Mina Elena y María Olvido en Isla Riesco: el primero busca pasar de 5.000 a 9.696 toneladas de salmón por ciclo; el segundo, de 7.000 a 9.400 toneladas. Ambas Declaraciones de Impacto Ambiental describen el acceso a esos centros como exclusivamente marítimo y no mencionan el atracadero de Punta Rocallosa ni su condición irregular.

Ancón Sin Salida

El caso número 77 del catastro es el que plantea las preguntas más incómodas al sistema. El ocupante es Juan González Álvarez, representante legal de la Comunidad Indígena “Ancón sin Salida”. La instalación está en Bahía Voces, en el estrecho de Magallanes: 59,91 m² de terreno de playa y 210,09 m² de fondo de mar.

A diferencia de la mayoría de los ocupantes del catastro, esta comunidad intentó regularizar su situación por las vías institucionales disponibles. En junio de 2023 solicitó una concesión marítima menor a través de la plataforma electrónica de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. La Capitanía de Puerto le otorgó un Permiso de Edificación de Instalaciones por el mismo espacio.

Pero en julio de 2024 el Ministerio de Defensa Nacional declaró suspendida la tramitación de la concesión. El motivo: sobreposición con la ECMPO denominada Tawokser, un Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios cuyo proceso de reconocimiento está en trámite. En junio de 2025 la Capitanía notificó a González Álvarez como ocupante ilegal. El mismo mes solicitó al SII la tasación del terreno, respondida en agosto de 2025. La comunidad solicitó permisos, recibió uno provisional, vio su concesión bloqueada y terminó igualmente en el catastro de ilegales.

Rampas de Río Verde

El caso número 58 es el más silencioso del catastro. El ocupante es el Ministerio de Obras Públicas. La instalación son rampas de conectividad en la comuna de Río Verde -en caleta Dos Amigos y en Punta Stokes- construidas sobre terreno fiscal costero sin la concesión correspondiente. A diferencia de todos los demás casos, la columna “Notificado como ocupante ilegal” aparece en blanco.

El Gobernador Marítimo Francisco Arias confirmó que el caso del Mop se encuentra en proceso de regularización. “Podría tener dos ocupaciones ilegales, pero están en trámite de voluntades de legalizar”, señaló. Aun así, el oficio de la Capitanía de Puerto incluye ese caso en su requerimiento de auxilio de la fuerza pública al Delegado Presidencial, igual que los demás.

Estancamiento y zona gris

El Gobernador Marítimo Francisco Arias describió a este medio el funcionamiento del sistema: “Posterior a que se efectúan las notificaciones de ocupantes ilegales, si no hay una voluntad de regularizar, se solicita el desalojo por parte del uso de la fuerza pública, y ese desalojo va por la autorización de la Delegación Presidencial”. La descripción coincide con lo que los documentos muestran y con lo que éstos también muestran que no ha ocurrido.

Desde julio de 2024, la Capitanía ha pedido en dos ocasiones ese auxilio al Delegado Presidencial Regional. Ninguno tuvo efecto. La respuesta oficial de la Armada al requerimiento de transparencia de abril de 2026 confirma que la última acción institucional fue precisamente el oficio de noviembre de 2025. No ha habido ninguna acción posterior. Al cierre de esta edición, la nueva Delegación Presidencial no acusó recibo de las consultas enviadas por este medio, pese a semanas consultando.

Arias reconoció que la situación tiene matices. “El título es fuerte en términos de ilegal, pero hay antecedentes que muestran que la gran mayoría está tratando de solucionar”, señaló. En Puerto Natales, explicó, hay casos de asentamientos con personas en condición de vulnerabilidad extrema que requieren coordinación con la Delegación y el municipio antes de cualquier intervención.

Siete de los ochenta ocupantes están en vías de regularización. Algunos llevan años en ese estado: notificados como ilegales, con tasaciones iniciadas, sin resolución. Carnes Magallanes y Cía. Ltda. en Bahía Tres Puentes está en esa situación desde septiembre de 2025.

Arias precisó además que quien regulariza una ocupación ilegal no empieza a pagar desde ese momento: “Todo lo que ocupó ilegalmente tiene un cobro retroactivo”, advirtió.