La paz no se negocia: Por una estrategia de seguridad radical para Chile

Durante demasiado tiempo, nuestro país ha caminado en círculos frente a la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Hemos visto cómo el miedo se toma nuestras calles mientras el debate político se entrampa en discursos vacíos y medidas parche.

La ciudadanía está cansada, y con justa razón. Es hora de decir basta. No podemos seguir enfrentando amenazas del siglo veintiuno con síndromes complejos del siglo pasado.

Chile no necesita más “medidas a medias”. No necesita autoridades que miren hacia el costado o que tengan miedo de tomar decisiones duras por temor al costo político o al qué dirán. El primer deber de un Estado es proteger a sus ciudadanos, y cuando el Estado vacila en aplicar toda la fuerza de la ley, quienes ganan son los delincuentes.

Hablemos con franqueza: los estados de excepción constitucional se diseñaron para emergencias específicas, no para transformarse en una normalidad permanente que termina asfixiando nuestra propia democracia y desgastando a nuestras Fuerzas Armadas. La verdadera seguridad no se logra normalizando patrullajes militares en las esquinas de forma indefinida; se logra haciendo que las instituciones funcionen con un marco legal robusto, implacable y con una mano dura a la que no le tiemble el pulso.

Por eso, la nueva estrategia y política de seguridad del Estado debe sustentarse en acciones concretas y transformaciones radicales:

Reforma legal con penas severas:

Necesitamos modificar nuestras leyes de raíz con urgencia. Se acabó la puerta giratoria. Quien cometa un delito grave debe saber, con absoluta certeza, que su castigo será efectivo y severo. Las penas de cárcel deben ser modificadas para que el costo de delinquir sea tan alto que nadie se atreva a cruzar esa línea.

Plan nacional de infraestructura penitenciaria:

No podemos permitir que las cárceles sigan siendo centros de operaciones del crimen organizado o que colapsen por falta de espacio. Debemos construir nuevos recintos de máxima seguridad. Para acelerar este proceso, se debe utilizar construcciones prefabricadas y también habilitar de forma inmediata estructuras existentes que puedan adaptarse, bajo estándares estrictos de aislamiento y control. Los delincuentes más peligrosos deben estar completamente incomunicados del exterior, sin acceso a tecnología ni señal que les permita seguir delinquiendo tras las rejas.

Restablecer el imperio de la ley sin complejos:

Aplicar la fuerza legítima del Estado no es autoritarismo; es democracia. Defender a la víctima y perseguir penalmente al victimario es un acto de justicia básica.

La paz no se negocia ni se pide por favor; la paz se garantiza recuperando el control territorial de cada rincón de nuestra patria. El cambio total debe empezar ahora. Es el momento de recuperar el orden, de devolverle la tranquilidad a las familias chilenas y de demostrar que el Estado es, y seguirá siendo, más fuerte que cualquier organización criminal.