Gore Magallanes ya tiene identificados $450 mil millones de la polémica auditoría y fija el 2027 para la normalización total

Cuando en enero de 2026 el supervisor de auditorías Alejandro Inostroza pronunció ante el Consejo Regional la que se convertiría rápidamente en una frase icónica —que había más de $60 mil millones “en la calle”— el impacto en la opinión pública fue inmediato y contundente. Pero detrás del titular, y detrás de los $600 mil millones en proyectos de inversión sin cierre ni rendición adecuada que también reveló el informe de la consultora Fortunato y Asociados, había una realidad más compleja, más antigua y, en cierta medida, más extendida de lo que la frase sugería.

Casi seis meses después, Diego Sierpe, jefe de la División de Administración y Finanzas del Gobierno Regional de Magallanes, se sienta a explicar con detalle qué ha pasado desde entonces, qué se ha avanzado y cuánto camino queda por delante. La tarea ha sido titánica: ordenar décadas de registros contables acumulados, rastrear proyectos que datan de 1996 y reconstruir procedimientos que nunca existieron formalmente. El plazo que se estableció para cumplir con todo es febrero del próximo año.

Durante el verano construyó el Plan de Normalización, firmado por el gobernador Jorge Flies y presentado al Consejo Regional con una carta Gantt, plazos definidos y una explicación paso a paso de los distintos tipos de proyectos involucrados. Este busca dar respuesta a los proyectos sin baja contable, los fondos reintegrables sin rendición, las deficiencias en los sistemas informáticos y la falta de procedimientos formalizados.

Los $600 mil millones: ¿qué son realmente?

Esta es quizás la parte de la conversación donde Sierpe es más enfático en pedir contexto. La cifra de $600 mil millones —equivalente, según la propia auditoría, a cerca de ocho presupuestos anuales del Gobierno Regional— refiere a proyectos de inversión que no tienen un cierre contable formal, que no han sido “dados de baja” en los libros de la institución.

“Los caminos no es como por ejemplo cuando adquirimos una ambulancia, se transfiere, el servicio de salud lo inscribe y se termina”, explica. “Este camino se hace, pero nosotros no teníamos el procedimiento de cómo darlo de baja contablemente, por ende, estaba en nuestros libros contables como un bien del servicio, siendo que no es un bien, o sea, es algo que está para la comunidad y no es algo del Gobierno Regional.”

En el listado de los proyectos que se encuentran en esta situación está el Gimnasio Zavattaro, el gimnasio 18 de Septiembre—cuyo edificio original ya fue demolido y reemplazado—, la estructura portuaria de Puerto Williams, e Hospital Regional de Punta Arenas. Obras que existen, que la comunidad usa, que en muchos casos ya fueron reemplazadas por nuevas, pero que siguen figurando en los registros contables del Gore porque nadie formalizó el procedimiento para sacarlas de ahí.

“De los $600 mil millones, son alrededor de $450 mil millones ya identificados y sabemos cuál es y dónde está y todo”, dice Sierpe. “O sea, eso ya, teniendo el manual aprobado, se podría dar de baja inmediatamente.” Los $150 mil millones restantes son los que concentran el mayor trabajo de búsqueda y reconstrucción documental. El plazo para agotar todas las instancias es febrero de 2027.

Lo que estaba “en la calle”

Si los $600 mil millones generaron impacto, fue la frase sobre los $60 mil millones “en la calle” la que encendió las alarmas más graves en la opinión pública. Con esta frase el auditor de Fortunato y Asociado dio a entender que eran recursos que estaban en manos de personas que quizás no podrían ser localizadas.

Sierpe descompone esa cifra con cuidado. El monto más grande, $36 mil millones, corresponde a proyectos del Servicio de Vivienda y Urbanización., de los cuales más del 60% están rendidos.

El resto del monto se distribuye en distintas entidades y programas: $3.400 millones en Bomberos, $1.200 millones en Fril y transferencias a otros servicios como el Servicio de Salud y Corfo, vinculadas en su mayoría a programas que tienen duración de más de un año y cuyas rendiciones llegan al final del ciclo del programa, no al final del año calendario.