“Chile envejeció y todavía estamos adaptando nuestras instituciones a esa realidad”

La próxima entrada en vigencia de la Ley Integral de las Personas Mayores fue destacada por la Fundación Derechos Mayores como un hito en materia de envejecimiento y derechos humanos. La organización sostuvo que la nueva normativa representa una oportunidad para que el país actualice sus instituciones y políticas públicas frente a los profundos cambios demográficos que experimenta la sociedad chilena.

Desde la Fundación plantearon que la legislación incorpora principios como la dignidad, la autonomía, la participación, la inclusión, la igualdad y la no discriminación, además de una mirada de curso de vida que reconoce que el envejecimiento no es un fenómeno exclusivo de las personas mayores, sino una realidad que involucra al conjunto de la población y que tendrá efectos cada vez más visibles en distintos ámbitos del desarrollo social.

El especialista en envejecimiento y presidente de la Fundación Derechos Mayores, Michel Toledo Ortiz, afirmó que esta ley marca un antes y un después en la forma en que Chile aborda el envejecimiento, señalando que “durante años hemos insistido en que el envejecimiento no es un problema exclusivo de las personas mayores, sino un fenómeno social que impacta a toda la población”. Añadió que hoy se cuenta con una herramienta que permite que nuestras instituciones comiencen a ponerse al día frente a una realidad demográfica que ya llegó”.

La organización enfatizó que las expectativas frente a la nueva normativa no deben concentrarse únicamente en el reconocimiento formal de derechos. A su juicio, el verdadero desafío será avanzar hacia una implementación efectiva que permita transformar esos principios en políticas públicas, programas, servicios y medidas concretas capaces de mejorar la calidad de vida de las personas mayores en todo el territorio nacional.

Entre los desafíos identificados por la Fundación figuran el fortalecimiento de los sistemas de cuidados, la promoción de la participación social, la prevención del aislamiento y la soledad no deseada, la eliminación de barreras de acceso a servicios y tecnologías, el combate al edadismo y la adaptación de las instituciones a las nuevas realidades demográficas del país.

La Fundación Derechos Mayores también puso atención en la realidad de Magallanes donde señaló que el envejecimiento dejó de ser una proyección futura para transformarse en un fenómeno presente que demanda respuestas concretas en materias de participación, cuidados, salud, accesibilidad y calidad de vida.

La organización indicó que la entrada en vigencia de la ley puede convertirse en una herramienta clave para impulsar transformaciones institucionales que respondan de mejor manera a las necesidades de una población que envejece y que demanda mayores niveles de inclusión, participación y acceso a servicios.

En esa línea, el presidente de la Fundación señaló que “Chile envejeció y todavía estamos adaptando nuestras instituciones a esa realidad. Por eso vemos esta ley como una oportunidad histórica para avanzar hacia una sociedad más inclusiva, más amigable con el envejecimiento y más respetuosa de los derechos humanos de las personas mayores. La verdadera medida de su éxito no estará en el texto legal, sino en la capacidad que tengamos para convertir sus principios en acciones concretas para las personas”.