300 asistentes de la educación marchan exigiendo pago de beneficios

Unos 300 asistentes de la educación se movilizaron este miércoles en Punta Arenas y Puerto Natales para exigir el pago de la asignación del 40%, entre otros beneficios que se encuentran adeudados desde hace casi cinco meses. La protesta convocó a los tres gremios.

En Punta Arenas, Claudia González, representante de una de las asociaciones, dijo que la movilización responde netamente a la falta de pago de estos beneficios. “La movilización hoy día es netamente por el tema del no pago de la asignación del 40% más el bono de escolaridad y el bono zona extrema”, expresó.

Por su parte, Osvaldo Sánchez, presidente de la Asociación de Funcionarios Asistentes de la Educación Hermes Hein de Puerto Natales, sostuvo que el gremio se mantendrá en paro hasta que haya certezas sobre el pago. 

El dirigente también valoró la reunión sostenida con la alcaldesa, que permitió verificar que los descuentos mes a mes se realizaron, aunque el dinero no ha sido liberado a las cuentas de los funcionarios.

En este contexto de paralización, el Servicio Local de Educación Pública Magallanes informó la suspensión de las actividades en los jardines infantiles y salas cuna que dependen de este sostenedor: Shenu Aike, Montañas Azules, Nubes Australes y Bello Amanecer de Puerto Natales, además de Archipiélago de Chiloé, Piececitos de Niños y Nelda Panicucci de Punta Arenas.

La medida se debe a que la ausencia de los asistentes impide completar el coeficiente técnico mínimo requerido para el funcionamiento de los recintos de educación parvularia. Los demás establecimientos de educación básica y enseñanza media del Slep Magallanes, en tanto, continúan entregando el servicio educativo con normalidad.

En Santiago

Mientras tanto, por gestiones realizadas por el senador Karim Bianchi, este miércoles los dirigentes Osvaldo Sánchez y Javier Quintul se reunieron en Santiago con el Subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, quien manifestó su contrariedad ante la postura de la Dirección de Educación Pública, que ha insistido en calificar la situación como un caso judicializado para justificar la suspensión de los desembolsos. La autoridad, tras revisar los documentos presentados por el gremio, compartió la visión de los trabajadores y se instruyó para buscar una resolución inmediata.