El borde costero exige decisiones responsables

Pocas regiones de Chile poseen una relación tan profunda con el mar como Magallanes. Su extensa geografía insular, sus actividades productivas y su condición estratégica hacen que cada decisión sobre el uso del borde costero tenga consecuencias que pueden extenderse por décadas.

Por ello, será importante la sesión de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero que se celebrará hoy, pues adquiere una relevancia que va mucho más allá de la aprobación o rechazo de cinco concesiones marítimas.

Las solicitudes en evaluación involucran actividades tan diversas como infraestructura energética, proyectos vinculados a la acuicultura, instalaciones sanitarias y una planta procesadora destinada a fortalecer la actividad pesquera artesanal en Puerto Williams. Cada una de ellas representa oportunidades económicas, pero también plantea interrogantes sobre sus efectos ambientales, sociales y territoriales.

El desafío consiste precisamente en equilibrar ambos intereses. Una región que aspira a crecer no puede paralizar toda inversión. Pero tampoco puede permitir que el desarrollo avance sin una evaluación rigurosa de sus impactos y sin considerar a quienes históricamente han utilizado esos espacios, especialmente pescadores artesanales y comunidades locales.

Resulta positivo que las nuevas autoridades comprendan la necesidad de evitar retrasos burocráticos innecesarios. Sin embargo, la rapidez nunca debe confundirse con apresuramiento. La confianza pública en estas decisiones dependerá de que los argumentos sean transparentes, técnicamente sólidos y conocidos por la ciudadanía.

La experiencia demuestra que muchos conflictos territoriales nacen precisamente cuando las comunidades sienten que no fueron escuchadas o que las decisiones se tomaron sin suficiente información. Evitar esos errores es una responsabilidad compartida entre autoridades, empresas y organizaciones sociales.

El borde costero magallánico constituye uno de los principales activos estratégicos de la región. Administrarlo correctamente significa entender que el desarrollo económico, la protección ambiental y la actividad tradicional de quienes viven del mar no son objetivos incompatibles. Son piezas de un mismo desafío que exige visión de largo plazo y decisiones responsables.