Región aprueba plan de seguridad con foco en narcotráfico, violencia intrafamiliar y escolar

El Consejo Regional de Seguridad Pública aprobó este miércoles la priorización de delitos y fenómenos que guiarán el Plan Regional de Seguridad Pública y Prevención del Delito de Magallanes, que se ejecutará entre julio de 2026 y julio de 2027. El tráfico de sustancias, la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales encabezan las prioridades, junto al consumo de alcohol y drogas en la vía pública como incivilidad principal, la violencia escolar como fenómeno regional y el abigeato como prioridad rural.

La delegada presidencial regional, Ericka Farías, presidió la sesión, en la que participaron el Gobierno Regional, Carabineros, PDI, Gendarmería, Aduanas y diversas secretarías de gobierno. Según explicó la delegada, la metodología se desprende del Ministerio de Seguridad Pública y obliga a cada institución participante a comprometerse con acciones concretas evaluables. “Cada una de las instituciones participantes del Sistema de Seguridad Regional se compromete con acciones que van a ser ejecutadas desde julio del 2026 a julio de 2027, con una respectiva evaluación de qué manera estamos impactando”, señaló Farías.

El narcotráfico fue la prioridad que ganó “por amplia mayoría”, según la delegada, quien vinculó el fenómeno directamente con la condición fronteriza de la región. “Estamos hablando de narcotráfico, de comercio internacional ilegal. Detrás de eso hay toda una red de crimen organizado donde se unen distintas bandas que muchas veces usan esto para blanquear delitos más graves como la trata de personas”, advirtió. El prefecto inspector de la PDI, Carlos Vásquez Palma, ratificó que el tráfico ilícito de drogas es “la prioridad número uno a nivel nacional y a nivel regional” para su institución, y recordó que el fenómeno está asociado directamente al uso de armas de fuego.

La violencia escolar fue el elemento que más debate generó en la sesión. La delegada señaló que el fenómeno requiere ser desagregado -distinguiendo si la violencia es hacia docentes o entre estudiantes- y anunció que se reforzará la coordinación entre establecimientos y programas de prevención, con seguimiento a la asistencia escolar como indicador de alerta temprana. “Me comprometo como delegada a hacer un seguimiento a estos programas para que exista la adecuada coordinación entre el alumno que sale de la casa, si llegó o no al aula”, sostuvo.

En materia de financiamiento, la delegada indicó que la subsecretaría de Prevención del Delito aportará recursos para sistemas de cámaras en sectores sin cobertura, y que la Subdere asignará fondos extraordinarios de seguridad que se distribuirán en coordinación con las comunas y las delegaciones provinciales.

El plan se elaborará a partir de julio con líneas de acción específicas por comuna y provincia, adaptadas a las características locales de cada territorio.