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Rigoberto Maldonado Bórquez

El periodismo como bien público: más allá de los desiertos informativos

Por Rocío Alorda Zelada Domingo 28 de Junio del 2026

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Chile vive una paradoja. Nunca antes habíamos tenido acceso a tanta información y, al mismo tiempo, nunca había sido tan difícil comprender lo que ocurre en nuestros territorios en medio del desorden informativo que predomina en los espacios digitales.

El reciente estudio sobre “Desiertos Informativos”, elaborado por la Fundación Gabo y la Universidad Diego Portales, analizó 802 medios de comunicación desde Arica hasta Tierra del Fuego y puso cifras a una realidad preocupante. El 47,5% de las comunas chilenas (149) son desiertos informativos, es decir, territorios con débiles condiciones para el ejercicio del periodismo profesional y muy pocos medios, lo que limita el acceso de la ciudadanía a información local de interés público.

Durante mucho tiempo entendimos que un desierto informativo era un lugar donde no había noticias. Hoy sabemos que esa definición resulta insuficiente. Nunca hubo tantos contenidos circulando a través de plataformas digitales y sistemas de inteligencia artificial. Sin embargo, la abundancia de información no garantiza una ciudadanía mejor informada. El problema de fondo es que en los desiertos informativos desaparece la mediación periodística.

La diferencia entre información y periodismo radica precisamente en esa mediación. El periodismo no es sólo transmitir hechos. Consiste en verificar, contrastar fuentes, contextualizar procesos, distinguir aquello que posee interés público, jerarquizar la información a través de estándares éticos en el cumplimiento de los marcos normativos que rigen al periodismo en Chile, entre otros elementos teóricos y metodológicos. Ese trabajo convierte datos dispersos en conocimiento útil para la ciudadanía.

Por eso, el desafío de nuestro tiempo no es la escasez de información, sino la escasez de mediación periodística. Cuando esta desaparece, las comunidades quedan expuestas a un flujo permanente de contenidos, pero sin herramientas para distinguir entre información verificada y desinformación, entre hechos y opiniones, entre intereses particulares y asuntos de relevancia pública.

Los desiertos informativos son territorios donde disminuye la presencia de periodistas de manera radical. Allí donde nadie cubre las sesiones del concejo municipal, fiscaliza la gestión de las autoridades, sigue los conflictos ambientales o informa sobre educación y seguridad pública, no solo desaparecen las noticias locales, también se debilita la capacidad de las comunidades para exigir rendición de cuentas.

Esta realidad obliga a cambiar el foco del debate. No basta con preguntarnos cuántos medios existen o cuántas plataformas distribuyen contenidos. La pregunta relevante es cuántos periodistas cuentan con las condiciones para ejercer su profesión con independencia, rigor, responsabilidad ética y derechos laborales.

En este escenario, los setenta años del Colegio de Periodistas de Chile es un hito relevante. Su historia ha estado marcada por la defensa de la libertad de expresión y de prensa, la ética profesional y el derecho a la información. Hoy ese compromiso se proyecta hacia un nuevo desafío: defender el valor público de la mediación periodística.

No se trata de reivindicar corporativamente una profesión. Se trata de defender un derecho ciudadano. El periodismo no existe para beneficio de quienes lo ejercen, sino que nace para que la sociedad pueda comprenderse mejor, fiscalizar al poder y sostener una conversación pública basada en hechos verificables, en una ética compartida y en el respeto mutuo como fundamento del diálogo democrático.

Reivindicar el valor público del periodismo exige también asumir una autocrítica. Ser periodista no constituye una garantía automática de actuación ética. La profesión no está exenta de errores, sesgos, conflictos de interés o malas prácticas. Por el contrario, obliga a someter el trabajo cotidiano a principios exigentes en el Código de Ética del Colegio de Periodistas, así como en los marcos legales que rigen al periodismo en el país. Ese compromiso ético es una condición indispensable para sostener la confianza pública.

Hace 70 años el desafío fue consolidar una profesión indispensable para la democracia chilena. Hoy el reto es asegurar que esa función no desaparezca entre algoritmos, plataformas y una sobreabundancia de contenidos. Una democracia no necesita únicamente más información. Necesita más periodistas capaces de ejercer esa mediación que transforma los datos en comprensión, la comprensión en participación y la participación en ciudadanía.

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