Defensa de profesor acusado de vender droga apela a la Suprema tras rechazo para sacarlo de la cárcel

La defensa de Sebastián Robinson Uribe, el licenciado en educación de Punta Arenas formalizado por tráfico de drogas el pasado 17 de junio, apeló ante la Corte Suprema luego de que la Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazara el recurso de amparo que buscaba sustituir la prisión preventiva por una medida cautelar menos gravosa. Es un nuevo intento de la defensa por obtener la libertad del imputado, conocido como el “profe Seba”, quien permanece en prisión desde su detención.

La Corte de Punta Arenas rechazó el amparo el 24 de junio por dos razones: primero, porque la defensa no había apelado la prisión preventiva ante el propio Juzgado de Garantía antes de recurrir al amparo constitucional, vía que la Corte consideró la idónea. Segundo, porque la resolución de la jueza Mónica Mancilla estaba debidamente fundamentada al establecer que el patrón constante de venta -con más de 100 transferencias electrónicas en el teléfono y al menos 18 con una misma persona- excedía el microtráfico del artículo 4° de la Ley 20.000 y configuraba el tráfico del artículo 3°.

El abogado Marcos Ibacache rebate ambos argumentos ante la Suprema. Sobre el primero, sostiene que exigir agotar la apelación ordinaria como condición para el amparo constitucional contradice la Constitución y la propia jurisprudencia de la Corte Suprema, que ha reconocido el amparo como acción autónoma y directa.

Sobre el fondo, cuestiona que la referencia a más de 100 transferencias electrónicas nunca fue incorporada formalmente a la carpeta investigativa en la audiencia del 17 de junio, y que el análisis telefónico preliminar de OS-7 sólo identificó conversaciones de venta con dos personas. Agrega que los 65 gramos de marihuana incautados -única sustancia encontrada- son compatibles con el perfil del microtráfico, sin red de distribución organizada ni infraestructura logística de mayor escala.

La defensa también impugna la agravante por condición de docente. La jueza Mancilla la aplicó argumentando que la ley sólo exige que el imputado detente la calidad de profesor, sin necesidad de que haya vendido droga en un establecimiento educacional. Ibacache sostiene que esa interpretación es extensiva y proscrita por el principio de legalidad penal: el sistema Sicpol registra a Robinson sin profesión activa, y no existe en la carpeta ningún contrato laboral ni certificado que acredite que ejercía funciones docentes al momento de los hechos.

La Corte Suprema deberá resolver si la Corte de Apelaciones actuó correctamente al rechazar el amparo por razones procesales sin entrar al fondo, o si debió pronunciarse sobre la legalidad de la prisión preventiva.