La política del agravio

Nadie debiera querer el odio per se, ni un infierno desatado y dividir la tribuna atendiendo a su extremo opuesto una y otra vez. Un país no avanza agrediéndose o desacreditando a los que piensan distinto o a los del frente..

Lo anterior, pronunciado en medio de un clima político cada vez más crispado, resume una preocupación que atraviesa a buena parte de la sociedad: el agotamiento frente a una lógica pública dominada por la confrontación permanente. No importa quién gobierne ni desde qué espacio se hable. La política parece no valorar la discusión racional y se encamina hacia el espectáculo del agravio.

La polarización dejó de ser una consecuencia de las diferencias ideológicas para transformarse en una estrategia. El adversario ya no es alguien con quien disputar ideas, sino un enemigo al que hay que destruir. La descalificación reemplazó al argumento y la humillación pública pasó a ser celebrada como una demostración de fortaleza. Las redes sociales amplificaron este fenómeno hasta volverlo una práctica cotidiana: dirigentes, militantes, periodistas e influencers compiten por quién grita más fuerte, quién insulta mejor o quién logra viralizar el ataque más brutal.

En ese contexto, la convivencia democrática se deteriora. Porque una sociedad no puede sostenerse indefinidamente sobre la base del resentimiento. El odio moviliza, pero no construye. Sirve para consolidar identidades cerradas, pero no para resolver problemas concretos. Mientras la dirigencia se consume en peleas interminables, la ciudadanía sigue esperando respuestas sobre empleo, crecimiento, seguridad, salud y educación.

“La política es un sketch malo que se está repitiendo”, dijo también Mirko Macari. Y la definición resulta incómodamente exacta. Los personajes cambian, los discursos se reciclan y las promesas se actualizan, pero el mecanismo permanece intacto: confrontar para sobrevivir políticamente. La grieta se convirtió en una industria emocional de la que muchos sectores obtienen beneficios.

El problema es que el costo social es enorme. Al naturalizar la agresión como lenguaje político, los consensos mínimos parecen imposibles y cualquier intento de moderación es rápidamente acusado de tibieza o traición. El dirigente que dialoga es sospechoso; el que confronta recibe aplausos. Así, el sistema se encierra en una dinámica donde la racionalidad pierde terreno frente al fanatismo.

El país necesita recuperar sus valores y tradición política: la de la discusión seria, el respeto institucional y la capacidad de acordar políticas de Estado. No se trata de eliminar las diferencias -porque la democracia vive de ellas- sino de impedir que esas diferencias destruyan el tejido social.

También hay una responsabilidad ciudadana. El consumo constante de indignación genera adicción. Muchas veces se premia el mensaje violento porque entretiene, porque descarga frustraciones o porque confirma prejuicios propios. Pero convertir la política en una batalla emocional permanente termina degradando la calidad democrática y empobreciendo el debate público.

Hace falta coraje para bajar el tono en tiempos de furia. Coraje para escuchar, incluso cuando el otro piensa distinto. Coraje para reconocer errores propios y admitir que ninguna fuerza política posee el monopolio de la verdad. La convivencia democrática no exige unanimidad, pero sí un límite ético: entender que el adversario no es un enemigo a exterminar.

Tal vez el desafío más urgente no sea solamente económico. Quizás sea cultural y político: reconstruir una conversación pública menos violenta y más humana. Porque ningún país avanza cuando vive atrapado en una guerra interminable contra sí mismo.