Magisterio advierte que nueva Ley de Convivencia “no ataca el problema de raíz”

Este 1 de julio entró en vigencia la Ley Nº21.809 de Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, normativa que establece obligaciones para todos los establecimientos educacionales del país, desde educación parvularia hasta enseñanza media, con el propósito de prevenir el acoso, la discriminación y la violencia mediante reglas más claras y herramientas de apoyo para docentes, estudiantes y familias.

Desde el Colegio de Profesores, su presidenta regional Alicia Aguilante Vargas, destacó que uno de los principales avances de la legislación es el reconocimiento formal de la violencia que enfrentan los docentes en el ejercicio de su labor. “Con respecto a la Ley 21.809, una de las ventajas para el gremio es que hay un reconocimiento de la violencia laboral. Por primera vez, la agresión o el acoso de apoderados y terceros hacia los docentes se reconoce formalmente bajo el marco de violencia en el trabajo”.

La dirigenta también valoró que la ley establezca oficialmente la figura del coordinador de convivencia educativa con jornada completa y dedicación exclusiva en los establecimientos, medida que, a su juicio, permitirá distribuir de mejor manera las responsabilidades relacionadas con los conflictos escolares.

“También la ley crea en forma oficial el rol del coordinador de convivencia educativa en una jornada completa y dedicación exclusiva dentro del colegio, una persona específica. Esto significa para los profesores de aula que ya no tienen que asumir solos la resolución de problemas o la gestión de crisis graves que existan”, afirmó.

Asimismo, indicó que la normativa obliga a los sostenedores a adoptar medidas de protección frente a situaciones de agresión provenientes de terceros y que también busca disminuir los episodios de violencia que afectan el trabajo diario en las salas de clases.

No obstante, la presidenta regional manifestó reparos respecto de la implementación de la nueva normativa, principalmente por la carga administrativa que, a su juicio, implicará para las comunidades educativas. “Nos preocupa el riesgo de sobrecarga administrativa. La exigencia de actualizar el reglamento interno y registrar minuciosamente cada protocolo puede derivar en más burocracia”, sostuvo, agregando que otro de los aspectos pendientes es el financiamiento para fortalecer la atención de salud mental y los equipos de apoyo en los establecimientos educacionales.

También expresó preocupación por el efecto que podrían generar algunas medidas disciplinarias contempladas en la normativa. “Para nosotros esto puede generar también tensión en el aula. La medida de exclusión y castigos más severos para estudiantes problemáticos corre el riesgo de tensionar las relaciones dentro de la sala de clase, tensionando el vínculo formativo entre profesor y alumno. Para nosotros la ley aún tiene vacíos legales respecto de la protección activa que reciben los docentes que denuncian a directivos y apoderados violentos. La ley, la verdad, no ataca el problema de raíz”, manifestó.