Mercados ilícitos en Chile movilizan casi US$6 mil millones y empresarios los califican como una “amenaza estructural”

Las economías ilícitas dejaron de ser un fenómeno acotado o sectorial para transformarse en una “amenaza estructural” para el desarrollo del país. Esa es la principal conclusión del informe “Por un Chile sin Economía Ilícita”, presentado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

El documento fue elaborado junto a 30 gremios y con la participación de cerca de 70 expertos, que busca dimensionar el fenómeno y aportar una agenda de políticas públicas para enfrentarlo.

El estudio estima que las economías ilícitas movilizan en Chile más de US$5.700 millones al año y provocan pérdidas de recaudación tributaria superiores a US$1.500 millones anuales. A ello se suman los cerca de US$2.700 millones que el sector privado destina para prevenir y disuadir la ocurrencia de delitos.

Impacto más allá
de las cifras

El lanzamiento del informe reunió a representantes del sector público, privado y académico. La actividad fue encabezada por la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, y contó con la participación del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas; el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), José Manuel Mena; la vicepresidenta de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y presidenta de la Asociación Chilena de Casinos y Juegos (ACCJ), Cecilia Valdés; y la coordinadora ejecutiva del estudio, Pilar Lizana.

El informe advierte que el impacto de estos mercados va más allá de las cifras. Al operar como un ecosistema económico paralelo, controlado por organizaciones criminales que participan en toda la cadena de valor, desde la producción, el robo o el contrabando hasta la comercialización y el lavado de activo, las economías ilícitas generan competencia desleal, desincentivan la inversión, fomentan la informalidad, afectan el empleo formal y distorsionan el funcionamiento de mercados estratégicos para el desarrollo del país.

Amenaza estructural

La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, señaló que “las economías ilícitas dejaron de ser un problema sectorial. Hoy constituyen una amenaza estructural para el desarrollo de Chile, porque afectan simultáneamente la seguridad, la inversión, el empleo, la recaudación fiscal y la confianza en nuestras instituciones. Enfrentarlas ya no es solo una tarea de seguridad pública; es una condición indispensable para que el país vuelva a crecer”.

También comentó que “cuando una sociedad comienza a normalizar que es posible progresar al margen de la ley, el daño va mucho más allá de la economía. Se debilita la cultura de la legalidad, se deteriora la confianza y se afectan los valores que sostienen la convivencia. Restituir esa cultura es un desafío país que involucra al Estado, al mundo empresarial, al sistema educacional y a las familias”.

45 medidas a
implementar

Como respuesta a este diagnóstico, el informe propone una agenda de 45 medidas, organizadas en tres grandes ejes: comercio ilícito, finanzas ilícitas e ilícitos en materias primas. Junto con las propuestas específicas para cada uno de estos ámbitos, plantea un conjunto de medidas transversales orientadas a fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar las economías ilícitas de manera integral.

Entre ellas, destacan el desarrollo de una Política Nacional contra las Economías Ilícitas que coordine la acción pública bajo una estrategia común; la creación de una Unidad de Economías Ilícitas con capacidades de análisis estratégico e inteligencia; el fortalecimiento de la trazabilidad de los flujos financieros mediante inteligencia financiera, analítica avanzada e inteligencia artificial, junto con iniciativas para reducir el uso de efectivo; la conformación, en coordinación con el Sernac, de una mesa de trabajo interinstitucional para impulsar campañas de educación y alfabetización ciudadana; y la implementación de un sistema integrado de denuncia segura y análisis de datos, con canales anónimos interoperables que protejan a denunciantes y fortalezcan la persecución penal. Sobre esta base, el informe desarrolla las propuestas específicas para cada uno de los principales ejes que conforman las economías ilícitas en Chile. Entre los principales hallazgos del estudio también se identifican cinco brechas transversales que favorecen el desarrollo de las economías ilícitas: vacíos y asimetrías regulatorias; debilidades en la fiscalización y capacidad operativa del Estado; problemas de coordinación institucional e inteligencia; limitaciones en la trazabilidad de productos y flujos financieros; e insuficiencias del marco sancionatorio.

Emol