Conductora manejaba ebria al protagonizar accidente que dejó a ocupantes de taxi con lesiones graves

Finalmente el Ministerio Público atribuyó responsabilidad en el accidente de tránsito ocurrido el sábado en la mañana, a la mujer que manejaba en estado de ebriedad y terminó impactando a un taxi con pasajeros, en Prat con Avenida Salvador Allende, frente a una estación de servicio Aramco.

La conductora, identificada como Karla Dariana Márquez Arismendi, de nacionalidad venezolana, fue puesta ayer a disposición de la justicia.

La fiscal Wendoline Acuña Aliaga formalizó cargos por conducción de vehículo en estado de ebriedad, sin haber obtenido licencia de conducir, con resultado de lesiones graves a dos personas, y leve a una persona.

De acuerdo al parte de Carabineros, la imputada manejaba un vehículo Toyota, sin tener licencia de conducir y en estado de ebriedad, por Avenida Salvador Allende, de cerro a playa, a alta velocidad y al llegar a la intersección de calle Arturo Prat, colisionó con un taxi, marca Toyota Yaris, conducido por José López que transportaba dos pasajeras, y que circulaba por calle Prat de norte a sur. Este último chofer sufrió una hemorragia intracraneal de carácter grave, además de policontusiones en diferentes partes del cuerpo.

Una de las mujeres que viajaba en el taxi resultó con tres costillas rotas, contusión pulmonar, traumatismo de tórax, entre otras lesiones. Y la otra pasajera sufrió policontusiones, de carácter leve.

La conductora se negó en principio a practicarse el alcotest. Y, recién cerca del mediodía se sometió a la prueba respiratoria, marcando a esa hora 0,71 gramos de alcohol por litro de sangre. Posteriormente se conocerá el resultado de la alcoholemia.

La fiscal pidió arresto domiciliario total como medida cautelar, oponiéndose el defensor Juan José Srdanovic. Finalmente la jueza ponderó los antecedentes que expuso este último, y las responsabilidades que la imputada tiene como madre con sus hijas, y decidió imponer un arresto domiciliario nocturno. Además de un arraigo nacional, quedándole prohibido salir del país durante los 90 días que dure la investigación.