Desalojo

El anuncio del inminente desalojo de la toma Las Etnias marca un momento decisivo para Punta Arenas. Después de casi una década de ocupación irregular, el Estado ha resuelto recuperar terrenos públicos y privados que, además, se encuentran en el centro de una crisis sanitaria que ha afectado a vecinos, un centro comunitario de salud y un jardín infantil.

La decisión parece inevitable. Ninguna sociedad puede normalizar que la ocupación ilegal de terrenos se transforme en un mecanismo permanente de acceso a la vivienda. El respeto por la propiedad y el Estado de Derecho constituye un principio básico de convivencia que las autoridades tienen el deber de resguardar.

Sin embargo, tan importante como ejecutar el desalojo es reconocer que su sola necesidad evidencia un fracaso mucho más profundo. Durante años, el asentamiento creció hasta albergar a decenas de familias sin que existiera una solución definitiva. En ese tiempo confluyeron la escasez habitacional, la lentitud institucional y la incapacidad del Estado para anticiparse a un problema que hoy resulta mucho más complejo y costoso de resolver.

Por eso, el éxito de este proceso no podrá medirse únicamente por la recuperación de los terrenos. También dependerá de que se desarrolle con pleno respeto a la dignidad de las personas, especialmente de niños y adultos mayores, y de que vaya acompañado de respuestas claras para quienes enfrentan una vulnerabilidad real. El propio gobierno ha señalado que no pretende convertir este procedimiento en un espectáculo y que resguardará ese principio.

La experiencia demuestra que una intervención de esta naturaleza no puede descansar únicamente en el despliegue policial. Recuperar un barrio supone abordar simultáneamente materias de seguridad, infraestructura, iluminación, fiscalización comercial, control sanitario, recuperación de espacios públicos, apoyo social y coordinación permanente entre los distintos organismos del Estado. De lo contrario, existe el riesgo de obtener resultados transitorios, donde los problemas simplemente se trasladan de un sector a otro sin resolver sus causas de fondo.

Por lo mismo, el éxito del plan dependerá también de que cuente con un financiamiento acorde con la magnitud del desafío. Las acciones sostenidas en el tiempo requieren recursos para reforzar las dotaciones, mantener la presencia institucional, ejecutar obras de recuperación urbana y acompañar a los vecinos y comerciantes que han debido convivir durante años con la inseguridad. Un plan integral, con objetivos claros, responsabilidades definidas y presupuesto suficiente, será la mejor garantía de que este anuncio se convierta en un cambio real y duradero para el barrio.

Erradicar una toma puede cerrar un capítulo, pero no resolverá el déficit habitacional ni evitará que nuevos asentamientos aparezcan si no existen políticas oportunas y sostenidas. La verdadera tarea comienza después del desalojo: impedir que la historia vuelva a repetirse.