Indemnización estatal a empresas y flexibilización ambiental: el polémico nuevo escenario para la salmonicultura en Magallanes

La Comisión de Medio Ambiente del Senado despachó recientemente, tras una sesión que se extendió hasta la medianoche, el proyecto de ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico, una “megareforma” que ha encendido las alarmas tanto en sectores políticos como en organizaciones ambientales. El punto más controvertido de la propuesta, y que motivó que los senadores de oposición se retiraran de la instancia denunciando una posible infracción a la Constitución, es la nueva facultad que permitiría a las empresas privadas exigir una indemnización económica al Estado en caso de que un tribunal revoque una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) previamente otorgada.

La anterior medida, presentada como una herramienta de certeza jurídica, obligaría al fisco a restituir los gastos directos y no recuperables de proyectos cuya construcción sea paralizada por la justicia, lo que para parlamentarios como Alfonso De Urresti e Ignacio Latorre vulnera el principio de igualdad ante las cargas públicas y la independencia de los tribunales.

Desde la sociedad civil, la postura es de un rechazo tajante a lo que consideran un “traje a medida” para sectores extractivos. Silvana Espinoza, vocera de Greenpeace en Chile, quien expuso ante la comisión para manifestar su disidencia, calificó estas señales políticas como una forma de otorgar regalías excesivas a una industria con un historial complejo de incumplimientos.

Micro-relocalización

Otro de los pilares de esta reforma que impacta directamente a Magallanes es la introducción del concepto de “micro-relocalización” de concesiones acuícolas. Según lo aprobado, se permitirán desplazamientos de hasta 350 metros de los centros de cultivo para mejorar condiciones ambientales sin necesidad de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia), siempre que no se aumente la producción ni se ingrese a áreas protegidas. Para Greenpeace, esta es una figura inventada y sin definición técnica clara que busca eludir la evaluación de impacto ambiental, entregando lo que Espinoza define como un “regalo” a las empresas.

No obstante, el texto legal también impone nuevas presiones: se establece un incremento progresivo y severo de las patentes para aquellas concesiones que no registren uso efectivo, llegando incluso a triplicar o sextuplicar los montos tras periodos prolongados de inactividad, con el fin de evitar el acaparamiento de espacios marítimos.

Lo crucial para la operatividad es que estas modificaciones no ingresarán al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia), siempre que no afecten áreas protegidas. Según estimaciones técnicas, esta medida permitiría destrabar 95 solicitudes que actualmente están estancadas en la burocracia administrativa. Desde Magallanes, Carlos Odebret, presidente de la asociación gremial local, ha enfatizado que estos cambios deben implementarse con criterios técnicos claros para evitar que se conviertan en un nuevo “cuello de botella” procedimental.

La normativa aprobada también aborda la compleja situación de las salmoneras que hoy operan dentro de parques y reservas nacionales, mandatando a la subsecretaría de Pesca a gestionar su salida hacia zonas exteriores en plazos acotados. En paralelo, se introdujo una indicación que permite la “auto-denuncia” por sobreproducción, estableciendo que las sanciones de reducción de biomasa no podrán ser tan drásticas como para comprometer la viabilidad total de la empresa, distribuyendo el castigo en cuotas si la afectación supera el 30% de la producción autorizada.

Mientras el proyecto avanza ahora hacia las comisiones de Trabajo y Hacienda, la tensión se traslada a la Sala del Senado, donde se espera una votación definitiva el próximo miércoles 15 de julio, bajo la sombra de una reserva de constitucionalidad que podría llevar esta disputa técnica y económica directamente al Tribunal Constitucional.