La confianza pública no admite zonas grises

La renuncia del ahora exseremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, a raíz de una investigación por un presunto delito sexual, constituye un hecho de enorme gravedad, no sólo por la naturaleza de la denuncia, sino también por el cargo que ocupaba. Quien lidera la autoridad sanitaria regional no sólo administra políticas públicas, pues representa la confianza del Estado frente a la ciudadanía y debe actuar bajo los más altos estándares éticos.

En un Estado de Derecho corresponde que sea la justicia la que determine responsabilidades penales. La presunción de inocencia es un principio irrenunciable que debe ser respetado durante todo el proceso judicial. Sin embargo, la responsabilidad política y la responsabilidad penal no son equivalentes. La primera exige proteger la credibilidad de las instituciones incluso antes de que exista una sentencia definitiva.

En ese contexto, la decisión del Ministerio de Salud de solicitar la renuncia del seremi aparece como una medida necesaria para resguardar el funcionamiento de la institución y evitar que una investigación de esta naturaleza comprometa la confianza pública en un servicio esencial. La ciudadanía necesita tener la certeza de que las autoridades actúan con transparencia y que ninguna persona, por el cargo que ocupa, recibe un trato privilegiado frente a la ley.

Este caso también invita a una reflexión más profunda. Las denuncias por violencia o abuso sexual siguen enfrentando enormes barreras para ser investigadas y denunciadas. Por ello, las instituciones deben actuar con especial diligencia, garantizando tanto el debido proceso para el acusado como la protección y el respeto hacia quien denuncia. Sólo así es posible fortalecer la confianza en el sistema judicial y en el Estado.

Magallanes merece instituciones sólidas, capaces de responder con rapidez, transparencia y responsabilidad frente a situaciones que afectan el interés público. La confianza ciudadana es un patrimonio difícil de construir y muy fácil de perder. Recuperarla exige que las autoridades comprendan que el ejercicio del poder conlleva un estándar ético superior al mínimo legal. Esto lleva a valorar la decisión ministerial de solicitar prontamente la renuncia del seremi, tanto como la hidalguía de la delegada de enfrentar rápida y públicamente la situación. Más allá del desenlace judicial, este episodio deja una enseñanza ineludible: la legitimidad de las instituciones no depende únicamente de que sus autoridades cumplan la ley, sino también de que sean capaces de sostener la integridad y la confianza que la función pública exige. En tiempos donde el descrédito hacia la política y las instituciones crece, actuar con transparencia ya no es una virtud, sino una obligación.