Fiscal regional advierte que señales del crimen organizado en Punta Arenas deben llamar a la preocupación

El fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, expuso este lunes ante el Concejo Municipal de Punta Arenas -en su sesión N°60- un diagnóstico sobre la criminalidad compleja en la región, en el que sostuvo que, si bien Magallanes no vive la realidad de las zonas del norte del país, existen señales de asentamiento del crimen organizado que “deben llamar a la preocupación”.

Crisosto planteó que el narcotráfico en la región todavía se mide en kilos y no en toneladas como en Arica o Iquique, pero advirtió que la posición geográfica de Magallanes -con múltiples puertos, seis pasos fronterizos y el estrecho de Magallanes- la vuelve un territorio vulnerable. “Somos una región semiaislada, extrema, pero tenemos un perfil completamente cosmopolita, tanto para el turismo como para la delincuencia”, señaló.

El fiscal presentó una selección de cinco casos investigados por la Fiscalía -entre ellos uno que permitió desbaratar dos laboratorios de éxtasis, uno en el centro de Punta Arenas y otro en Conchalí- para ilustrar la operación de bandas dedicadas al tráfico de drogas (cocaína, marihuana, éxtasis), al contrabando de cigarrillos y al lavado de activos. Según expuso, en varias de esas causas se incautaron millonarias sumas en pesos chilenos, pesos argentinos y dólares en casas de cambio, además de 36 vehículos y seis bienes inmuebles adquiridos, de acuerdo con la investigación, con dinero de origen ilícito.

En materia carcelaria, Crisosto indicó que la capacidad regional es de 537 plazas y que la población penal pasó de 506 personas en 2023 a 611 en enero de este año, un alza superior al 20%. Atribuyó buena parte de ese incremento a personas extranjeras condenadas, principalmente bajo la Ley de Drogas, aunque enfatizó que el fenómeno no debe leerse como una generalización sobre la migración.

Tráfico en estrecho
de Magallanes

El fiscal dedicó parte de su exposición al estrecho de Magallanes, señalando que el paso de barcos cargueros ha aumentado entre 23% y 25% anual en los últimos tres años, según datos que atribuyó a la Armada. Explicó que, por los tratados de 1881 y 1984, el Estrecho es soberanía chilena pero garantiza el paso neutral a toda embarcación, lo que limita la fiscalización. Como ejemplo, relató que un fiscal de Países Bajos lo contactó por un barco que llegó a ese país con unas seis toneladas de cocaína tras haber cruzado el Estrecho sin que se realizara control alguno. Advirtió que, con el descenso del nivel de agua del Canal de Panamá por el cambio climático, ese tránsito podría ampliarse.

Crisosto también describió la existencia de “rutas contraintuitivas” del narcotráfico, con vinculaciones entre puertos argentinos -Ushuaia, Puerto Madryn, Puerto Deseado, San Julián, Bahía Blanca- y los puertos de la región, además del uso de puntos no oficiales de acceso marítimo. Sobre los pasos terrestres, mencionó que la droga proveniente de Bolivia y Colombia está llegando a Punta Arenas y a las ciudades argentinas de Río Grande y Ushuaia.

Uno de los datos que subrayó fue el hallazgo, en un galpón de la Zona Franca, de 450 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando provenientes de India -que calificó como el segundo mayor decomiso de este tipo en la historia del país-, comercializadas por una empresa formalmente establecida en el recinto. El fiscal insistió en que el contrabando de cigarrillos no es un fenómeno menor, ya que “los mismos que trafican droga son los mismos que se dedican al contrabando de cigarrillos” para financiar otros negocios ilícitos.

Trabajo interagencial

En cuanto a cifras, Crisosto señaló que las denuncias por microtráfico llevan un alza cercana al 75% respecto del año anterior a la misma fecha, y que de mantenerse la tendencia el año cerraría con un aumento del 30%. También informó que la región registró nueve homicidios el año pasado -la mayoría en Punta Arenas- y que se produjo el primer homicidio asociado al crimen organizado, una “quitada de droga” en que tres personas emboscaron a otra.

El fiscal llamó a las instituciones del Estado a trabajar de manera interagencial, compartir información y modernizarse frente a estructuras criminales que operan por células y con tecnología avanzada. Criticó que Chile siga con información “compartimentada” y que desde 1993 no se haya concretado un banco unificado de datos entre policías y organismos de persecución.

Durante la ronda de consultas, los concejales coincidieron en la falta de recursos tecnológicos para la región. Se planteó que Aduanas no cuenta con un escáner pese a administrar seis pasos fronterizos, dos aeropuertos y tres puertos, y que el paso Monte Aymond es el tercero del país en flujo de vehículos.. El concejal José Becerra consultó por mecanismos de coordinación en delitos de maltrato animal y por el intercambio de información para decisiones sobre patentes de alcoholes, mientras los concejales Dalivor Eterovic y Marcela Leichtle abordaron los riesgos de corrupción y las limitaciones legales para fiscalizar el Estrecho.

Crisosto se mostró dispuesto a establecer un enlace con el municipio para compartir información general -sin vulnerar el secreto de las investigaciones- que permita orientar decisiones de prevención, y valoró la instancia como un precedente en la relación entre la Fiscalía y el Concejo Municipal.