Exseremi de Salud queda con arraigo nacional tras ser formalizado por violación

• La jueza Paula Stange sostuvo que la investigación debe continuar para esclarecer los hechos de manera objetiva.

Luego de tres días detenido, el destituido seremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos Andrade, fue formalizado este martes por el delito de violación, tras lo cual recobró su libertad sujeto a las medidas cautelares de arraigo nacional y la prohibición de acercarse a la víctima, un joven de 25 años.

En la audiencia, la fiscal Johanna Irribarra formalizó la investigación por el delito de violación, en calidad de autor y en grado de consumado. La persecutora solicitó tres medidas cautelares: arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima.

El Ministerio Público sostuvo que la imputación se apoya principalmente en la declaración de la víctima y en una serie de peritajes que aún se encuentran pendientes, entre ellos exámenes toxicológicos, alcoholemias y el análisis de muestras. La fiscal argumentó que la ausencia de lesiones constatadas no descarta por sí sola la ocurrencia de un delito sexual, criterio que, señaló, se encuentra asentado en la jurisprudencia.

El abogado defensor particular, Juan Carlos Rebolledo, se opuso a las medidas cautelares solicitadas por la fiscal y sostuvo que no concurren los requisitos que exige el Código Procesal Penal. Planteó que la formalización descansa únicamente en la versión del denunciante, sin elementos que la corroboren, y que los informes médicos disponibles no dan cuenta de hallazgos compatibles con la denuncia.

La defensa afirmó que existió un acuerdo previo entre ambos -incluida la compra del pasaje aéreo del denunciante hasta Punta Arenas- y que el conflicto se originó por un problema de dinero. Rebolledo aportó a la carpeta comprobantes de transferencias, recetas médicas de su representado y registros de cámaras de seguridad.

La resolución del tribunal

La jueza Paula Stange resolvió que, en esta etapa procesal, no se reúnen los antecedentes que acrediten la existencia del delito ni la participación del imputado, en los términos que exige la ley. En su fundamentación, valoró que los peritajes médicos practicados no arrojaron lesiones, que los registros audiovisuales incorporados a la causa no refuerzan la hipótesis acusatoria, y que la imputación se sostiene esencialmente en el relato del denunciante.

“Hay dos versiones claramente contradictorias en este escenario, siendo una acusación tan grave, deben existir otros elementos que revistan a esta sola denuncia de elementos y que hagan plausible la existencia del delito”, sostuvo la jueza Stange Kahler.

En consecuencia, rechazó el arresto domiciliario nocturno e impuso únicamente el arraigo nacional, por estimarlo suficiente y proporcionado para garantizar los fines del procedimiento. A ello sumó la prohibición de acercarse y tomar contacto con la víctima, luego de que esta manifestara temor. El tribunal fijó un plazo de 120 días para la investigación de los hechos.

La magistrada subrayó que el caso debe resolverse bajo los principios de igualdad, no discriminación y perspectiva de género, aplicables por igual a ambas partes: advirtió que no corresponde cuestionar la credibilidad del denunciante en razón de su orientación sexual o su actividad, ni presumir la responsabilidad del imputado por el cargo que ejercía. Precisó, asimismo, que la investigación debe continuar para esclarecer los hechos de manera objetiva.

Peritajes pendientes y eventual reformalización

Tras la audiencia, la fiscal Irribarra señaló a los medios de prensa que la calificación jurídica se mantiene por ahora y que, una vez que estén los resultados de los peritajes pendientes, se adoptarán decisiones sobre el curso de la causa, sin descartar una eventual reformalización u otra salida procesal. Recordó que exámenes como el toxicológico y el análisis de fluidos aún tomarán tiempo.

La defensa, en tanto, insistió en que a esta altura “no hay delito” ni participación acreditada, y adelantó que evalúa eventuales acciones legales, aunque señaló que primero espera el cierre del proceso investigativo.

Sobre la remoción del cargo de Barrientos, la defensa afirmó que su cliente fue contactado por un funcionario del Estado recién el lunes por la mañana, cuando se le habría llevado la carpeta para recabar su firma, y sostuvo que no hubo un acercamiento previo del gobierno respecto de su desvinculación.

Barrientos permanece en libertad, sujeto a las medidas cautelares dispuestas, mientras se desarrollan las diligencias pendientes. La resolución podría ser revisada si los peritajes en curso aportan nuevos antecedentes.

La renuncia y el reproche cruzado
por la exposición del caso

La remoción de Barrientos Andrade del cargo de secretario regional ministerial de Salud abrió una arista política. El domingo 26 de julio, la diputada Javiera Morales calificó la situación como “impresentable” y emplazó al gobierno a designar prontamente una nueva autoridad para no dejar “descabezada” el área de salud regional. La parlamentaria sostuvo entonces que el Presidente de la República debía pronunciarse sobre el caso y ofrecer disculpas a la región.

Tras conocerse la resolución del tribunal -que en esta etapa no dio por acreditado el delito y dispuso sólo un arraigo nacional y la prohibición de acercarse a la víctima- , la familia del exseremi respondió a esos cuestionamientos. José Luis Barrientos Andrade afirmó que su hermano Fabián fue objeto de “discriminación” por su condición de autoridad y lamentó la exposición pública de su vida privada durante los días previos.

“Todos los dardos se cargaron hacia él, sin siquiera darle un tiempo para que pudiese probar su inocencia”, señaló, y añadió que, a su juicio, los parlamentarios de la región deberían “dedicarse a legislar” antes que a comentar causas judiciales en curso.

La defensa planteó, en la misma línea, que su representado fue prácticamente cesado del cargo “sin saberse toda la versión completa del caso”, y reiteró que recién fue contactado formalmente el lunes por un funcionario del Estado.