Municipios de Magallanes llegan divididos a la votación decisiva de la megarreforma

Lucas Ulloa Intveen
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El Senado vota este martes el último artículo de la Ley de Reconstrucción Nacional, la llamada megarreforma, y el punto en disputa no divide al país sólo entre gobierno y oposición: fractura al mundo municipal. En Magallanes esa fractura quedó a la vista. De los diez alcaldes de la región, cuatro firmaron la carta que respalda la fórmula de compensación del Ejecutivo, dos suscribieron la declaración contraria de más de cien jefes comunales y cuatro no fijaron una postura pública evidente, pese a ser consultados.

El nudo del conflicto es cómo se devuelve a los municipios el dinero que dejarán de recaudar cuando entre en vigor la exención del pago de contribuciones para las viviendas principales de adultos mayores de 65 años. El gobierno propone reponer esos recursos según lo que cada comuna deja de percibir. Los críticos sostienen que esa fórmula concentra el beneficio en las comunas con más propiedades de alto valor y piden, en cambio, que la totalidad de los fondos se canalice por el Fondo Común Municipal, el instrumento que redistribuye ingresos entre las 345 comunas del país.

Quiénes firmaron a favor

En Magallanes respaldaron por escrito la fórmula del gobierno los alcaldes Claudio Radonich (Punta Arenas), Anahí Cárdenas (Torres del Paine), Tatiana Vásquez (Río Verde) y Ana Mayorga (Puerto Natales).

Radonich, jefe comunal de la ciudad con mayor recaudación de la región, defendió la medida por su efecto directo sobre los contribuyentes de mayor edad. Explicó que en Punta Arenas cerca de 2.058 jubilados propietarios de vivienda quedarían liberados del pago, en su mayoría exprofesores, funcionarios públicos y empleados que compraron sus casas con esfuerzo y hoy enfrentan contribuciones altas con pensiones bajas. El alcalde valoró que el Ejecutivo haya cumplido con el compromiso de la exención y remarcó que la merma para el municipio, que cifró en torno a los mil millones de pesos considerando lo que llega por la vía directa y a través del Fondo Común Municipal, quedará cubierta por el Estado.

Su respaldo, sin embargo, no fue incondicional. Radonich puso como preocupación central que esa compensación sea permanente y quede fijada por ley, para no depender de una negociación cada año. Y abrió un segundo frente: sostuvo que la discusión debería servir para actualizar la Ley de Rentas Municipales y el propio Fondo Común Municipal, sin cambios de fondo desde 2005, al que defendió como un fondo solidario que sigue siendo el principal sostén de la mayoría de los municipios del país. También advirtió que el debate se ha desplazado hacia lo ideológico cuando, a su juicio, es un asunto técnico.

Ana Mayorga, alcaldesa de Puerto Natales, enmarcó su respaldo en el objetivo de que ningún municipio pierda ingresos. “Pedimos al Senado aprobar la compensación del cien por ciento de los recursos para las 345 comunas”, sostuvo Mayorga, de modo que tanto los ingresos directos como los que llegan por el Fondo Común Municipal queden intactos. Dimensionó que en su comuna el efecto de la exención es acotado: alcanza al 0,1 por ciento, unos 93 roles, equivalentes a algo más de 18 millones de pesos.

Quiénes firmaron en contra

Dos alcaldes de comunas pequeñas de la región suscribieron la declaración de los más de cien jefes comunales que rechazan la fórmula: Patricio Fernández (Cabo de Hornos) y Jeannette Andrade (San Gregorio). Esa carta sostiene que el mecanismo del gobierno tiene un alto componente de regresividad, porque serían los vecinos de comunas de escasos recursos quienes, con sus impuestos, terminarían compensando un beneficio tributario que se concentra mayoritariamente en las tres comunas de mayores ingresos del país.

Los firmantes piden que los 200 millones de dólares comprometidos vayan íntegramente al Fondo Común Municipal y llaman al Presidente José Antonio Kast a usar su facultad de veto y abrir una negociación.

Quiénes no se pronunciaron

Tres alcaldes de la región no fijaron una postura pública sobre la votación, pese a haber sido consultados por este medio: Karina Fernández (Primavera), Fernando Ojeda (Laguna Blanca) y Luis Barría (Timaukel). No todos respondieron a la consulta.

José Gabriel Parada sí se refirió al fondo del asunto sin adscribir formalmente a ninguna de las dos cartas. El alcalde de Porvenir coincidió con la preocupación de Radonich por la permanencia: planteó que la compensación debería quedar acotada al presupuesto de la Nación de forma permanente y por ley, porque cualquier otra fórmula significaría, dijo, una incertidumbre cada año para saber si el municipio contará o no con esos recursos. Subrayó que para las comunas pequeñas, con problemas de ingresos, el Fondo Común Municipal es un pilar del desarrollo local.

El choque en Punta Arenas

La tensión más visible se dio dentro de la propia capital regional. Cuatro concejales de Punta Arenas -Jonathan Cárcamo, Dalivor Eterovic, Jorge Risco y José Becerra- emitieron una declaración pública en la que interpelan directamente al alcalde Radonich por respaldar la fórmula del Ejecutivo.

Los concejales advierten un riesgo de desfinanciamiento comunal y sostienen que la compensación, tal como está diseñada, usará recursos de todos los chilenos para cubrir brechas que benefician sobre todo a comunas ricas como Lo Barnechea, por la correlación entre los predios que pagan contribuciones y las comunas de mayores ingresos. Recordaron, además, que el Fondo Común Municipal representa cerca del 41 por ciento de los ingresos de las municipalidades a nivel nacional, y objetaron una disposición del proyecto que, señalan, quitaría a los municipios la facultad de cobrar directamente patentes y derechos de aseo morosos una vez enviada la nómina a la Tesorería General de la República.

El punto más duro de la declaración es una cifra. Según simulaciones del Observatorio de Políticas Económicas (OPES) que citan los concejales, el modelo del gobierno -contenido en el Informe Financiero N°176 de la Dirección de Presupuestos- condiciona 80 mil millones de pesos al reemplazo de ingresos propios según el origen de los inmuebles, con Las Condes como la comuna más beneficiada.

La contrapropuesta de canalizar esos mismos 80 mil millones de pesos por el Fondo Común Municipal, con coeficientes que ponderan pobreza y vulnerabilidad, le entregaría a Punta Arenas 315 millones de pesos adicionales. Sobre esa base, los concejales preguntan al alcalde cuál es su justificación técnica o política para respaldar una fórmula que, afirman, perjudica las arcas financieras de la comuna.

Un mapa que
sigue la billetera

Vista en conjunto, la posición de los municipios de Magallanes se ordena en buena medida por su situación fiscal. La comuna con más recaudación de la región, Punta Arenas, respalda la devolución directa; comunas pequeñas y dependientes del Fondo Común Municipal, como Cabo de Hornos y San Gregorio, la rechazan y piden la vía solidaria. Es la misma lógica que enfrenta al municipalismo a nivel nacional, reproducida a escala regional.

Ese ordenamiento, con todo, no es mecánico. Radonich respalda la fórmula pero defiende el Fondo Común Municipal y pide reformar el sistema de rentas municipales; José Gabriel Parada, desde una comuna chica, prioriza la permanencia del recurso por sobre la discusión redistributiva.

El desenlace se define este martes en el Senado, donde el gobierno necesita 26 votos para aprobar el mecanismo. Si no los reúne, el Ejecutivo dispone de al menos tres caminos para asegurar los recursos: una ley corta, un veto presidencial o una glosa en la Ley de Presupuesto 2027.