Concejo Municipal cuestiona a la Cormupa por el destino del exCesfam en patio del Liceo María Behety

Luego de que esta semana volviera a comenzar la jornada con la manifestación de los estudiantes del Liceo María Behety en el patio de su establecimiento, el Concejo Municipal abrió su sesión solicitando agregar el tema de forma extraordinaria en tabla. En la sesión se expuso una fuerte tensión entre concejales y la Corporación Municipal de Punta Arenas sobre los compromisos asumidos con la comunidad educativa y sobre el carácter provisorio del centro de salud allí instalado.

La sesión abrió con una presentación del jefe de Salud de la Cormupa, Víctor Fuentes, quien detalló los altos costos que significarían mover el recinto, defendiendo mantener su uso sanitario. Desde la Corporación proponen bautizarlo como “Centro Comunal Sur”, una construcción modular de alto estándar, cuya remoción explican que es inviable: desarmarla costaría alrededor de 3.000 millones de pesos y destruiría la inversión pública ya realizada.

Compromiso de 900 días

Sin embargo, más allá de los programas que ahí se han comenzado a instalar, el debate se encendió cuando los concejales cuestionaron el manejo del proceso. El concejal Jonathan Cárcamo, quien es además profesor diferencial, aseguró que a la comunidad educativa se le prometió que el Cesfam modular duraría 900 días y sería removible, condición que cambió sin previo aviso.

“Se está faltando a la verdad”, afirmó Cárcamo, planteando que la mayoría de los compromisos con el liceo quedaron pendientes. “Tengo la planilla Excel que se menciona, y la gran mayoría de las cosas aparecen sin finalizar”, dijo, mencionando que el arreglo del patio comprometido nunca se ejecutó. Cárcamo dirigió parte de sus cuestionamientos al alcalde: “Su equipo le entregó información errada”.

El concejal José Becerra, que participó en las mesas de diálogo originales, coincidió en que se hicieron compromisos que no se cumplieron y pidió transparentar qué se ejecutó y qué no. Aunque valoró la necesidad de más espacios de salud en la comuna, advirtió que no se informó oportunamente a la comunidad educativa ni al propio Concejo sobre el nuevo uso del recinto. Otros concejales, como Jorge Risco, apuntaron a la falta de información: “No podemos exigir la comprensión cuando la transparencia no existe”, señaló.

Invitación al Slep

En contraparte, el concejal Germán Flores defendió priorizar lo que denominó el “bien común”. “Para mí el bien común hoy es la salud de muchas personas: adultos mayores, jóvenes, niños”, planteó, y sostuvo que, aun cuando no se hubieran cumplido todos los compromisos, ello no justificaría desarmar una infraestructura que costaría millones remover y que beneficiará al sector. La concejala Marcela Leichtle, por su parte, propuso invitar al Servicio Local de Educación Pública a una próxima sesión para conocer su versión.

El alcalde Claudio Radonich reconoció haber asistido a varias reuniones y afirmó que recién había recibido la planilla de compromisos. Enfatizó que el municipio no puede decidir sobre el recinto, ya que su propiedad corresponde al Gobierno Regional y al Servicio de Salud, y que el terreno pasó al Slep tras el traspaso de la educación pública. La directora jurídica de la Cormupa, Claudia Casas, precisó que el terreno era originalmente municipal, que se hizo una subdivisión conforme a la normativa antes del traspaso -aunque no alcanzó a inscribirse- y que finalmente pasó en su totalidad a dominio del Slep.

Comodato a 10 años

Consultado por este medio tras la sesión, el secretario general de la Cormupa, Juan Felipe Araya, trasladó la resolución del conflicto estudiantil al Slep y a la dirección del colegio. “Estas manifestaciones tiene que resolverlas la dirección del Slep con el colegio; nosotros no podemos intervenir administrativamente”, señaló. Sobre los compromisos que reclaman los estudiantes, se desligó de las gestiones de administraciones anteriores: “Desconozco qué compromisos hubo hace tres o cuatro años; no me puedo hacer cargo de compromisos de periodos muy anteriores al mío”. Defendió, en cambio, la lógica de costo-beneficio de mantener el recinto, que “tiene una resolución sanitaria” y ya atiende pacientes.

Araya precisó, además, el estado del comodato, uno de los puntos que la cobertura previa había dejado abierto. Indicó que existe un comodato antiguo vigente y que el nuevo se encuentra en su fase final, a la espera de firma, con una duración estimada de cerca de diez años. Ese plazo refuerza el punto planteado por los concejales críticos: el uso del recinto para salud se proyecta como permanente, y no como la solución transitoria que –sostienen- se comprometió con la comunidad educativa.

Al cierre del debate, el Concejo acordó gestionar una reunión con todos los actores involucrados -el Slep, el Gobierno Regional, el Servicio de Salud y la dirección del liceo- para destrabar el conflicto. Quedó en evidencia, además, que hasta ahora el municipio no se había reunido formalmente con el equipo directivo del establecimiento, pese a los puntos de prensa realizados en el lugar durante los días previos.