Contraloría confirma irregularidades en obras mejoramiento del paso fronterizo Casas Viejas

Doce irregularidades detectó la Contraloría en la ejecución del contrato de mejoramiento del complejo fronterizo Casas Viejas, en la provincia de Ultima Esperanza, obras realizadas por la Dirección de Vialidad durante el gobierno de Gabriel Boric y que interrumpieron durante más de un año el funcionamiento de este paso. Los incumplimientos van desde la violación de las condiciones de licitación hasta pagos indebidos por más de 235 millones de pesos a la empresa constructora.

De estas irregularidades, cuatro de ellas -las relativas a las debilidades de supervisión del contrato, la infracción a los principios de la licitación, la falta de fundamento técnico en la ampliación de plazo y la multa no aplicada- fueron incorporadas al sumario administrativo que la propia Contraloría ya instruía sobre este contrato desde noviembre de 2024.

La investigación se originó por una denuncia anónima que cuestionó la falta de sustento para el cierre total de la ruta durante la obra, pese a que las bases de la licitación habían descartado expresamente esa posibilidad.

Cabe recordar que la empresa contratista realizó una solicitud a la seremi de Transportes -entonces encabezada por Rodrigo Hernández- para cerrar el paso fronterizo, planteando que la solución era desviar el tránsito hacia el paso Dorotea. Esta decisión contravino las bases de licitación, que establecían que la empresa debía asumir a su costo todas las medidas necesarias para garantizar un tránsito expedito, incluyendo el mantenimiento de caminos alternativos o desvíos.

Tras el cierre, el desvío construido quedó sin uso. Sin embargo, Vialidad pagó igualmente al contratista por ese ítem, argumentando que el costo estaba incluido en los gastos generales del contrato, considerados “fijos e inalterables”.

De acuerdo con el examen de cuentas de Contraloría, esto generó un pago en exceso de $235 millones, lo que -según el propio informe- constituyó un enriquecimiento sin causa a favor del contratista. La dirección regional de Vialidad terminó descontando la mayor parte de ese monto en el estado de pago N°12, de mayo de 2025, aunque Contraloría detectó un error en el índice de reajuste aplicado que dejó una diferencia pendiente de 52.959 pesos, la que debe corregirse y acreditarse ante el organismo fiscalizador en un plazo de 60 días hábiles.

Según el informe de Contraloría al que tuvo acceso La Prensa Austral, Vialidad no adoptó “medidas para garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en las bases de licitación, específicamente la obligación de velar por el continuo tránsito de ingreso” y definió que la medida adoptada por las entonces autoridades de la seremi de Transportes “constituye una infracción a los principios de estricta sujeción a las bases e igualdad de los oferentes, considerando que el cierre de la ruta fue explícitamente descartado”.

Esta irregularidad ya había salido a la luz a fines del año pasado; sin embargo, el informe final arrojó otros detalles hasta ahora desconocidos para la opinión pública.

Exseremi

El informe documentó que en febrero del año pasado el entonces seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, ordenó la apertura total y sin restricciones de la Ruta CH-253 al uso público, antes de que el inspector fiscal del contrato hubiera verificado en terreno el término efectivo de las obras y sin que se realizara la recepción provisoria que exige la normativa de contratos de obra pública.

El propio exsecretario regional ministerial reconoció ante la Contraloría que la apertura fue anticipada, aunque sostuvo que no hubo intención de vulnerar la normativa. Esto se habría debido a presiones de gremios de turismo, transporte y hotelería de la zona.

Para el organismo contralor, la falta de validación del inspector fiscal configuró un exceso de atribuciones que afectó el principio de legalidad.

La Contraloría también cuestionó la resolución que amplió el plazo del contrato en 20 días corridos. Según el análisis del ente fiscalizador, solo 5 de esos días tenían justificación proporcional al aumento de obras, mientras que los 15 días restantes se otorgaron sin un análisis técnico verificable, en circunstancias en que la normativa exige una resolución fundada para apartarse del cálculo proporcional. Como consecuencia de esto, se determinó que Vialidad debía aplicar una multa de $119 millones al contratista.

La investigación especial reveló que el mejoramiento de este paso fronterizo, el cual en un origen contemplaba tres tramos para mejorar, a la fecha de publicación de los resultados de este informe presentaba un desfase de 30 meses respecto a su cronograma original. Sólo uno de los tres tramos se ha ejecutado, y su costo final ($6 mil 428 millones) representó un 162% del valor que se había estimado inicialmente para ese sector. En 2018 se estimaba que estas obras costarían $14 mil millones. Añadió que hasta ese momento, Vialidad no había presentado ante el Ministerio de Desarrollo Social y Familia la reevaluación que exige la normativa de inversión pública cuando un proyecto licitado por tramos supera los 60 meses de ejecución, lo que -advierte Contraloría- compromete tanto la eficacia del proyecto como la continuidad de su financiamiento.

Las obras fueron ejecutadas por la empresa Vilicic, con un presupuesto de 6.500 millones de pesos.