Fiscalías de Chile y Argentina advierten que el crimen organizado opera como una sola red en la Patagonia

Lucas Ulloa Intveen

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El crimen organizado que opera en el extremo sur no distingue la línea fronteriza entre Chile y Argentina y debe entenderse como un fenómeno único, de escala patagónica e incluso intercontinental. Esa fue la conclusión compartida por el fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, y el fiscal federal de Río Gallegos, Julio César Zárate, durante la segunda jornada temática de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, que sesionó de forma descentralizada en Punta Arenas.

Crisosto sostuvo que la principal particularidad de la región es que carece de accidentes geográficos que marquen el límite con Argentina. Al no existir un río o una montaña que separe ambos países en gran parte del trazado, el paso de un lado a otro resulta sencillo, lo que facilita el traslado de droga, cigarrillos de contrabando y armas. El persecutor precisó que la región cuenta con seis pasos fronterizos oficiales, pero remarcó que el resto del territorio es, en la práctica, permeable.

El fiscal argentino reforzó ese diagnóstico. Zárate afirmó que las organizaciones criminales llegan a comprar estancias del lado argentino para asegurar rutas de cruce hacia territorio chileno, y describió una logística sofisticada: camiones de carga que trasladan droga escoltados por personas encargadas de garantizar que la mercancía llegue a destino, comunicaciones mediante sistemas satelitales difíciles de rastrear y movimientos de dinero a través de billeteras virtuales y casas de cambio. El objetivo final de toda esa estructura, planteó, es el lavado de activos, que permite reinsertar las ganancias ilícitas en la economía.

Ambos persecutores coincidieron en que el contrabando de cigarrillos, muchas veces visto como un delito menor, funciona como fuente de financiamiento del narcotráfico. Crisosto detalló que el año pasado se incautaron más de 600.000 cajetillas y que existen más de 120 vehículos incautados en causas vigentes por narcotráfico y contrabando, varios de ellos de alta gama. Explicó que una misma organización suele ejecutar el contrabando de tabaco y el tráfico de drogas, empleando las ganancias del primero para sostener la cadena logística del segundo.

El fiscal de Magallanes también relevó el trabajo conjunto entre ambos países. Mencionó investigaciones desarrolladas de manera simultánea en Chile y Argentina, con detenciones e incautaciones coordinadas el mismo día y a la misma hora en los dos territorios, y subrayó que el foco de la persecución debe estar en incautar los bienes de las organizaciones -cuentas, inmuebles y vehículos- más que en las solas detenciones, ya que a los líderes capturados siempre los sustituye otro integrante.

El principal reclamo de la jornada apuntó a la lentitud de la cooperación institucional frente a la velocidad del delito. Zárate advirtió que, mientras las organizaciones criminales operan en red y comparten información de inmediato, los organismos del Estado deben sortear trámites y autorizaciones que demoran semanas o meses. Reclamó convenios de colaboración que agilicen el intercambio de información e inteligencia entre ambos países y comparó la situación con la de un equipo de fútbol improvisado que debe enfrentar a un rival que entrena en conjunto. Crisosto, en la misma línea, señaló que un proyecto de Aduanas para instalar escáneres en los pasos fronterizos permanece pendiente pese a contar con financiamiento del Gobierno Regional.

Mar patagónico bajo la lupa

El diagnóstico se extendió al ámbito marítimo. Crisosto expuso que el tránsito de naves mayores por el estrecho de Magallanes aumentó un 47% entre 2024 y 2025, con un incremento aún más pronunciado por el canal Beagle, hasta totalizar cerca de 1.500 embarcaciones en el último año. Atribuyó ese fenómeno al reordenamiento de las rutas navieras mundiales -presionadas por la sequía en el canal de Panamá y las tensiones en el Caribe- , que ha vuelto a situar al paso austral como una alternativa relevante a escala global, tanto para el comercio legítimo como para el crimen organizado.

El fiscal advirtió sobre una vulnerabilidad jurídica: en virtud de los tratados vigentes entre Chile y Argentina, el país debe garantizar el paso de las naves que cruzan el Estrecho, de modo que, sin una denuncia o un indicio previo, la autoridad no cuenta con base legal para abordar una embarcación sospechosa. Como ejemplo, relató que un buque incautado en un puerto de Países Bajos había cruzado antes por el Estrecho sin que las autoridades chilenas tuvieran conocimiento de ello.

La autoridad marítima, en representación de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), aportó un contrapunto. Si bien confirmó que cerca de 2.500 naves cruzan anualmente el Estrecho y detalló el sistema de control de tráfico basado en faros, estaciones de seguimiento y el embarco obligatorio de prácticos, señaló que a la fecha no se han detectado organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en grandes cantidades hacia mercados internacionales utilizando estas rutas, dado que la logística marítima local está orientada al cabotaje y carece de conexiones directas con puertos extranjeros. Como muestra del trabajo de fiscalización, mencionó la incautación, el 4 de agosto, de 56.000 cajetillas de cigarrillos a bordo de una nave en el sector de Bahía Azul, en Tierra del Fuego.

Fiscalía cifra en 625 los presos en Magallanes y apunta
a la cárcel como uno de los focos delictivos a vigilar

El fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, situó a las cárceles como uno de los dos puntos críticos que deben vigilarse para contener la evolución del delito en la región, junto a los puertos. Lo planteó durante la sesión que la Comisión de Seguridad Pública del Senado realizó este jueves en Punta Arenas, donde entregó un diagnóstico que, subrayó, se apoya en evidencia y no en hipótesis.

El persecutor explicó que, al analizar la evolución del crimen organizado de las últimas dos décadas, los puertos y los recintos penitenciarios aparecen como los espacios donde ese fenómeno tiende a anclarse, una lectura que -dijo- obliga a mirar la realidad regional con especial atención. En esa línea, advirtió sobre un rasgo particular del sistema local: una vez condenadas, las personas extranjeras no abandonan la región, sino que permanecen en ella, lo que a su juicio genera dinámicas delictivas propias que la Fiscalía sigue de cerca.

Ese marco lo respaldó con cifras. Crisosto sostuvo que la región mantiene 625 personas privadas de libertad desde 2023, repartidas en los penales de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. Un 12,7% de los internos son extranjeros, proporción que bajó respecto del cierre del año pasado, cuando rondaba el 17%, aunque la composición por origen se mantiene: cerca del 80% son de nacionalidad colombiana. Añadió que los delitos vinculados a la Ley de Armas se incrementaron más de un 200% entre 2023 y 2026, fenómeno que asoció a las condiciones fronterizas del territorio.