Chile e informe final del cable a la Antártica: Estudio dice que es viable, pero recomienda no construirlo todavía

Lucas Ulloa Intveen

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Cuando en marzo pasado este diario reveló la existencia del primer informe de factibilidad del Proyecto Cable Antártico, el estudio recién comenzaba. Cinco meses después, el trabajo está terminado. El Resumen de los Informes 2 y 3 (Final), fechado en agosto de 2026 y elaborado por las consultoras Salience Consulting y Pioneer Consulting con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (Caf), constituye la etapa final del estudio encargado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Son cerca de 900 páginas de análisis técnico, legal, ambiental, financiero, de gobernanza y geopolítico, sintetizadas en un resumen ejecutivo de 65 páginas que este medio revisó.

La semana pasada, El Mercurio adelantó las cifras principales y las declaraciones de la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, quien afirmó que el cable “es factible” y que “es una iniciativa que nuestro país debe liderar”. Pero el documento completo entrega un cuadro considerablemente más matizado que ese entusiasmo y contiene definiciones que no han sido difundidas.

Una conclusión
con condiciones

El informe no dice simplemente que el proyecto sea posible. Su conclusión central, expresada en el capítulo final, es que el cable “es viable en principio, pero está sujeto a condiciones en la práctica”. No existen -firma- barreras técnicas fundamentales que impidan su construcción, pero el proyecto “solo podrá pasar con éxito del concepto a la ejecución si se cumple un conjunto de condiciones habilitadoras fundamentales”.

Por esa razón, el documento es explícito en un punto que las autoridades no han subrayado: “el informe no recomienda un compromiso inmediato e incondicional con la construcción”. En su lugar, propone una “vía de desarrollo por etapas y condicionada”, en la que Chile posponga cualquier decisión definitiva de obra hasta que se cumplan sustancialmente cinco condiciones: una ruta jurídica y ambiental creíble bajo la doble normativa chilena y del Tratado Antártico; el compromiso de un número suficiente de “participantes ancla” que garanticen la demanda; una estructura financiera sólida; un modelo de gobernanza neutral aceptado; y una estrategia de implementación operativamente realista.

La ruta definitiva y su costo

El estudio confirma las dos configuraciones ya conocidas, pero con el detalle técnico completo. La solución técnica óptima -la que desarrollan en profundidad los Informes 2 y 3- conecta Punta Arenas y Puerto Williams con nueve puntos de desembarco antárticos: las bases chilenas Frei, O’Higgins y Prat, y las extranjeras Palmer (EE.UU.), Rothera (Reino Unido), San Martín, Esperanza y Petrel (Argentina) y Ferraz (Brasil). Su costo estimado es de US$621 millones y su evaluación social arroja un valor actual neto positivo, con beneficios netos acumulados que el modelo proyecta en torno a los US$943 millones hacia 2058, la tasa interna de retorno social por sobre la tasa de descuento (5,5%) y una relación costo-beneficio superior a uno. La inversión de capital se desplegaría a razón de entre US$88 y US$90 millones anuales entre 2027 y 2033.

El sistema entregaría entre 15 y 30 Tbit/s a cada punto de desembarco, muy por encima de la demanda proyectada, y contempla la posibilidad de incorporar sensores científicos (tecnología SMART) a lo largo del cable, convirtiéndolo en una red de monitoreo de sismos, temperatura oceánica y perturbaciones en tiempo real.

Qué viene ahora

Según lo informado por la propia Subtel, el documento ya está en manos de la Cancillería. El siguiente paso, confirmado tras la reunión de la subsecretaria Garrido con el gobernador regional Jorge Flies a mediados de agosto, es que durante septiembre las propuestas de factibilidad se entreguen al Gobierno Regional de Magallanes, la Cancillería, el INACH y las Fuerzas Armadas para recoger observaciones. En noviembre, el proyecto debe presentarse al Consejo de Política Antártica, instancia llamada a adoptar la “decisión de Estado”. El horizonte total del proyecto, de concretarse, es de ocho años.

El debate político, en todo caso, ya se abrió. Mientras el gobernador Flies calificó la conectividad como “un acto de presencia y soberano en el territorio” y los senadores Karim Bianchi y Carlos Bianchi la respaldaron como “una forma de hacer soberanía”, el diputado Alejandro Riquelme (Republicano) planteó reparos a comprometer cerca de US$100 millones de recursos públicos “sin que previamente exista una evaluación independiente y rigurosa respecto de las alternativas tecnológicas disponibles”, en alusión a los servicios satelitales de órbita baja como Starlink. El informe, precisamente, aborda ese punto: concluye que los satélites “no podrán satisfacer de forma sostenida” la demanda proyectada de conectividad antártica, aunque reconoce que seguirán cumpliendo un rol complementario.

Los seis proveedores consultados

Uno de los antecedentes inéditos del informe es la identificación de las seis empresas a las que la Subtel envió, el 4 de noviembre de 2025, una solicitud formal de información (RFI) para sondear el mercado. La lista, validada por la Subtel el 27 de octubre, incluye a Alcatel Submarine Networks (Francia), NEC (Japón), SubCom (Estados Unidos), Xtera (Reino Unido) y a dos firmas chinas: FibreHome Technologies y HMN Technologies.

La presencia de HMN Technologies no es un dato menor. Es la misma empresa -heredera de la participación que originalmente tuvo Huawei- involucrada en el proyecto de cable entre Valparaíso y Hong Kong que, a comienzos de 2026, gatilló la revocación de visas de tres funcionarios chilenos por parte del gobierno de Estados Unidos, en un episodio que tensionó la relación bilateral y cuya decisión final quedó heredada por la actual administración.

El estudio insiste en que el cable antártico se rige por una lógica de “neutralidad por diseño” y gobernanza multilateral, precisamente para blindarlo de ese tipo de disputas; que una de las empresas sondeadas sea HMN Tech ilustra la delicadeza del terreno en que se mueve el proyecto.

Ambiente y soberanía: los riesgos que expone el informe

El documento incluye una matriz que clasifica más de 60 riesgos. Los dos peor evaluados -catastróficos y probables- son la complejidad del aterrizaje del cable en la Antártica y el escrutinio ambiental. Y aquí el informe entrega una advertencia que matiza el relato optimista: si bien los impactos ambientales físicos son “de menores a mínimos”, la autorización ambiental “sigue siendo uno de los mayores riesgos del proyecto” por el contexto normativo de doble vía (el sistema de evaluación chileno y el régimen del Protocolo de Madrid del Tratado Antártico).

El trazado, además, no está del todo resuelto en zonas sensibles. Dos segmentos atraviesan Áreas Antárticas de Gestión Especial en la bahía Almirantazgo y en la isla Anvers, y la definición de las rutas que cruzan o rodean el Parque Marino Diego Ramírez-Paso Drake “sigue en estudio”, requiriendo mayor diálogo con las autoridades antes de una selección definitiva.

Entre las medidas de mitigación, el informe contempla observadores de mamíferos marinos a bordo y el enterramiento del cable a uno o dos metros en la plataforma continental, donde debe además evitar caladeros de pesca artesanal del cangrejo y coordinarse con comunidades costeras indígenas.

El proyecto no parte de cero: se apoya en la Fibra Óptica Austral (Foa), la red concesionada en 2017 que llega hasta Puerto Williams. El informe le dedica recomendaciones técnicas específicas -mantener una distancia equivalente a tres veces la profundidad del agua, cruzarla en ángulos diseñados de entre 60 y 83 grados y acordar el tipo de blindaje con sus operadores-, tratándola como la infraestructura vecina sobre la que se montaría el tramo final hacia el continente blanco.