La desprotección del Estado

El dramático caso de Jazmín, la adolescente de 16 años procesada penalmente tras ser víctima de explotación sexual comercial bajo custodia estatal, expone de forma brutal la vulnerabilidad infantil en nuestra región.

Si bien los detalles de su historia y el juicio que enfrenta están ampliamente desplegados en esta edición de El Magallanes, su situación destapa una crisis estructural que supera su expediente. Lo que ocurre en las residencias locales es el reflejo de un sistema que, tras fallar en su deber de cuidado, asume un rol implacable de acusador judicial.

Las cifras en Magallanes revelan un desamparo sistemático calificado como “grave” por la Corte Suprema. Entre 2023 y 2026, la región acumuló 214 delitos de explotación sexual comercial infantil, concentrados en apenas 72 víctimas, situándose entre las tres tasas más altas del país. El propio Servicio de Protección Especializada reconoce haber presentado 91 denuncias por posibles redes de explotación en su red regional durante ese período. Este panorama evidencia que las residencias se han convertido en territorios vulnerables donde los menores quedan expuestos a redes delictuales que operan con total impunidad.

La raíz de este colapso responde a carencias que las autoridades no han resuelto. En la región no existe ningún dispositivo especializado para tratar el consumo problemático de sustancias. A este vacío se suma un hacinamiento crónico: la Residencia Familiar de Adolescencia Temprana funciona con 17 jóvenes para 15 cupos, mientras que la Residencia Familiar para Adolescentes alberga a 19 en un espacio diseñado para 12.

Bajo este sobrecupo, el personal abdica de sus tareas argumentando que carece de facultades para impedir salidas nocturnas, una postura que el Senado ha criticado con dureza al recordar que el deber de resguardo estatal no termina en los límites físicos de un edificio.

Este abandono se traduce en impunidad. Querellas por desacato reiterado se acumulan contra los directores regionales de Protección, Salud y Senda por ignorar órdenes del Tribunal de Familia. Mientras las víctimas huyen de la región por amenazas ante la inercia judicial, el sistema sigue empujando a los jóvenes desde la vulneración hacia el ámbito penal.

La solicitud de la Comisión de Seguridad del Senado para intervenir las residencias de Magallanes es un paso urgente. No obstante, el problema exige más que parches cosméticos. Es éticamente intolerable que el Estado actúe como un tutor negligente que permite la destrucción de una vida bajo su resguardo y luego use todo el peso del aparato penal para castigar las consecuencias de su propio fracaso. La gran interrogante no es la culpabilidad de las víctimas, sino cuándo comparecerá el Estado por abandonar a quienes juró proteger.