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Ministro Barros argumenta sobre el retiro de Chile de Convenio 169 de la OIT

“La discriminación puede ser un factor de crisis interna y eso es algo que interesa y es competencia del Ministerio de Defensa”

Domingo 6 de Septiembre del 2026

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  • Titular de Defensa también remarcó que su par argentino “despejó toda duda en cuanto a que Argentina reconoce que el estrecho de Magallanes es chileno y es soberanía no compartida”.

 

Lucas Ulloa Intveen
[email protected]

 

Fernando Barros Tocornal volvió a Magallanes esta semana, para acompañar al Presidente José Antonio Kast en el “Navy Day”, la revista naval que la Armada despliega cada año en la zona Austral. Fue su segunda visita a la región como ministro de Defensa y, al igual que en la anterior, la conversación con El Magallanes estuvo marcada por un impasse diplomático con Argentina a raíz de nuevas declaraciones de un alto mando trasandino sobre la soberanía del estrecho de Magallanes.

En una entrevista que recorrió la soberanía austral, la infraestructura de defensa en la región, la proyección antártica y el Convenio 169 de la OIT, el ministro entregó definiciones en varios frentes. Aseguró que Argentina tiene listo un documento que corregiría la directriz que originó el conflicto y que ese texto se encuentra a la espera de la firma del Presidente Javier Milei. Anticipó que el Consejo de Gabinete en pleno en la Antártica se realizaría la última semana de enero de 2027. Y, al cierre, dejó su definición más de fondo: la que vincula el reconocimiento de derechos indígenas con la seguridad e integridad del país.

El estrecho de Magallanes volvió a ser tópico principal en la agenda presidencial, justamente por estas declaraciones vertidas por altos mandos trasandinos. Según comentó el ministro Barros, independiente de que el tema sea llevado por el Presidente y Cancillería, compete íntegramente a Defensa por los factores de soberanía. “Es un tema que no lleva solamente los últimos meses, sino que viene desde que salió la directriz presidencial argentina dentro de la política de defensa de nuestro país vecino, que crea una situación de confusión”, recalcó Barros, en referencia al famoso decreto 457 de Argentina, donde se refiere al paso bioceánico del estrecho como de “administración conjunta”.

Estrecho de Magallanes
y el decreto argentino

– Ministro, segunda vez en la región y nuevamente con declaraciones de un alto mando argentino que reabre el tema de la soberanía austral. ¿Cuál es su lectura de esta repetición en tan pocos meses?

– “Lo que está en discusión aquí tiene que ver con la soberanía del estrecho de Magallanes, que no es una soberanía compartida, no es ni una soberanía ni una administración compartida, ni conjunta, ni nada. El estrecho de Magallanes es chileno y la libre navegación está convenida en virtud del tratado que suscribimos con Argentina, pero eso no quita que el estrecho, en todos los mapas oficiales, es chileno y no compartido… Desde el primer momento, ante los reclamos y protestas formales de Chile, Argentina ha reconocido, a través de medios indirectos, que se trata de un error, pero no se han dado los pasos para corregirlo”.

– ¿En qué estado se encuentra hoy esa corrección?

– “La información que hay es que esto ha tenido una evolución. Estaba listo en marzo, en el sentido de que no había dudas ya en cuanto a la decisión política por parte de las autoridades competentes, y faltaban firmas. Mi información es que las firmas que faltaban en ese momento eran las de las autoridades sectoriales relacionadas con la materia. Pero lo importante es que hoy, después de estos incidentes, no hay discusión, y la información oficial que se tiene, tanto en Cancillería como en Defensa, es que está para la firma del Presidente Milei un documento que reconoce o soluciona este problema. No conocemos el tenor del documento, no sabemos en qué minuto lo va a firmar, pero hoy está para decisión presidencial, y esperamos, como gobierno amigo, que se tome una decisión rápida y que termine este tema. Una vez que se conozca, veremos si se solucionó íntegramente o quedó algún tema pendiente de resolverse”.

– En esa conversación con su par argentino, ¿se abordó qué materias de defensa contendría ese decreto de reemplazo?

– “En el fondo no sabemos si es una nueva política de defensa o es un tema puntual. Yo tendería a pensar que es un documento más amplio, que aborda esta materia sin este error de establecer que hay una soberanía o administración conjunta, o la posibilidad de explotación conjunta de los recursos naturales que están en el subsuelo o de los recursos pesqueros. Tras el último incidente, y quizás por alguna falta de claridad en el comunicado de la Cancillería argentina, el ministro de Defensa de ese país se comunicó conmigo para despejar toda duda en cuanto a que Argentina reconoce que el estrecho de Magallanes es chileno y es soberanía no compartida. Esperamos que eso quede bien reflejado en la documentación pertinente”.

Infraestructura y
presencial austral

Hacer soberanía en este territorio implica inversión, infraestructura, obras. ¿Cuáles son las prioridades del Ministerio de Defensa para la zona?

– “Desde la perspectiva de Defensa, la zona austral de Chile, no solo por su valor estratégico y soberano, ha sido siempre parte muy importante de su actividad. De hecho, estamos aquí, junto al Presidente de la República, el ministro del Interior y los subsecretarios de Defensa, participando en ejercicios navales con la Armada de Chile, porque se le asigna una alta prioridad a esta zona. El Ejército está muy presente, no solo a través de su unidad desplegada, sino también con el Comando de Ingenieros, que trabaja en la conectividad vial. Hay un trabajo cívico-militar que busca generar mayor inversión y mayor cercanía en la zona”.

– ¿Qué mejoras concretas se están trabajando?

– “Estamos abordando un mejoramiento de las pistas y de la operación aérea de los aeródromos de Puerto Williams y de la Antártica chilena, permitiendo un mejor funcionamiento de noche o en condiciones climáticas adversas, de manera de extender la temporada turística antártica. Esperamos que este año la operación antártica, desde la perspectiva del turismo, pueda funcionar desde octubre y no solo desde noviembre, ampliando en un mes la temporada.

“La inversión es un punto importante; estamos trabajando también junto con el gobierno regional en un eventual centro aeroespacial, junto con el centro espacial de la Fach, que generará información y material de apoyo para la salmonicultura, parte importante de la actividad económica regional”.

– Sobre la obra Vicuña-Yendegaia, a cargo del Cuerpo Militar del Trabajo, se planteó que su financiamiento podría estar en riesgo por las emergencias en el norte. ¿Qué se sabe?

– “Estas obras están a cargo del Ministerio de Obras Públicas. El Cuerpo Militar del Trabajo aporta toda la base de equipamiento, de equipos, inteligencia e ingeniería; es un apoyo que hacen las Fuerzas Armadas y particularmente el Ejército. Para nosotros es una obra prioritaria desde la perspectiva de la conectividad y de la seguridad. La decisión es del Ministerio de Obras Públicas, pero yo no tengo información de que eso esté postergado o demorado; al contrario, la idea es que en este gobierno quede completada la parte importante de esta conectividad”.

– ¿Se contempla reforzar con algún regimiento o aumentar capacidades de alguna de las ramas en la zona?

– “Hay una prioridad de que no falte capacitación para el contingente y de que el equipamiento esté en condición estándar. El equipamiento que tenemos acá es objeto de mejoramientos y modernizaciones. Comentamos en la visita anterior que el reemplazo de los F-5 es parte de un desarrollo de mediano plazo; no es algo que vaya a ocurrir ahora, porque son equipos que funcionan muy bien, pero está en los programas renovarlos por versiones más modernas, ya sea de esa misma línea u otras que puedan ser más adecuadas para la condición climática y las características geográficas de Magallanes y la Antártica”.

Convenio 169,
Ley Lafkenche y
desintegración nacional”

– Usted ha planteado una postura sobre el Convenio 169 de la OIT. ¿Qué alcance tiene ese tema en su ministerio, considerando además las concesiones marítimas?

– “La obligación de Defensa es tener una visión de todo y acciones frente a lo que se ven como amenazas. En el plano internacional, además del conflicto tradicional entre Estados, hay un conflicto que tiene que ver con la tecnología, los ciberataques, la guerra electrónica. Y en el plano interno también hay situaciones de conflicto. Una de ellas es la desintegración nacional: es decir, cuando, por razones políticas u otras, hay una ruptura de la sociedad que amenaza la coexistencia, la convivencia pacífica entre todos. Uno de ellos, que es una opinión del suscrito, pero que es una perspectiva de defensa es que hay factores de riesgo. La exacerbación de las discusiones políticas, los estallidos, es una fractura social que produce un efecto en la integración nacional. Y otro factor que puede dar lugar a una ruptura es la discriminación, que puede ser por temas culturales y también por haber adoptado ciertos parámetros legales”.

– ¿Se refiere al Convenio 169 y a la Ley Lafkenche?

– “Creemos, personalmente, que es algo que debe evaluarse, por supuesto a través de una discusión en el ámbito legislativo, con antecedentes serios, sin exacerbación y sin descalificaciones: ver si el funcionamiento que ha tenido el Convenio 169 en Chile, la Ley Lafkenche y, en general, la legislación que ha buscado establecer una discriminación que algunos denominan positiva en favor de un sector étnico o cultural, tiene un efecto negativo. Ese es un tema que hay que estudiar. A propósito del Convenio 169, el año 31’, de acuerdo a los mismos términos, el convenio podría denunciarse, uno podría retirarse de ese convenio, y eso es algo que decide el Parlamento. Una posibilidad es mantener la estructura que tienen el Convenio 169 y la Ley Lafkenche, y otra es reemplazarla, en la medida en que haya acciones, por ejemplo, de consulta ciudadana, que no estén segmentadas solo a un grupo étnico o religioso determinado, sino abiertas a todos los chilenos en las materias que sean de su competencia o interés. Es un planteamiento respetuoso, parte de una discusión que no es de hoy. El gobierno ha sido claro: no está en su programa, porque es un tema para el año 31. Pero en Defensa trabajamos anticipándonos, en el mediano y largo plazo, a los riesgos y conflictos”.

– ¿Y por qué sería esto competencia del Ministerio de Defensa?

– “Vemos que la discriminación, en su visión extensa y en distintas ramas, puede ser un factor de crisis interna, y eso es algo que sí le interesa y es competencia del Ministerio de Defensa. La Ley Lafkenche está llena de casos que se han planteado como muy abusivos, y esas cosas generan discriminación, generan diferencia, y eso no es sano no solo para la convivencia, sino para la seguridad e integridad del país”.

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