Testaferro de Maduro acordó pagar 195 millones de dólares y entregar información sobre altos funcionarios de Venezuela

Alex Saab, uno de los principales operadores económicos del exdictador venezolano Nicolás Maduro, se declaró culpable en Estados Unidos de conspiración para el lavado de dinero y acordó colaborar con el Departamento de Justicia, entregar información completa sobre hechos que pueden involucrar a altos funcionarios venezolanos y pagar USD 195 millones. El pacto contempla que los fiscales recomienden una condena en el extremo inferior del rango previsto y soliciten reducciones adicionales si consideran que su cooperación tiene valor para otras investigaciones.

En su declaración de culpabilidad, Saab reconoció que en 2015, durante el régimen de Maduro, participó junto con “altos funcionarios del Gobierno” en un “esquema ilegal” relacionado con sobornos y pagos ilícitos vinculados al programa Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap), creado para distribuir alimentos básicos entre venezolanos de bajos ingresos. Parte del dinero fue transferido posteriormente a cuentas ubicadas en el sur de Florida.

El documento judicial identifica por nombre a cuatro personas relacionadas con el caso: Alvaro Pulido Vargas, José Gregorio Vielma Mora, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano. Además, menciona a otros dos involucrados como “co-acusado 1” y “co-acusado 3”, pero la Fiscalía estadounidense no reveló públicamente sus identidades.

La investigación en Estados Unidos también vincula a Alex Saab con fondos de operaciones petroleras de PDVSA movilizados fuera de los canales financieros tradicionales.

El acuerdo también impone condiciones específicas a Saab para mantener los beneficios derivados de su cooperación. El documento establece que no podrá proteger a ninguna persona o entidad proporcionando información falsa u ocultando datos relevantes. Tampoco podrá acusar deliberadamente a alguien que no haya cometido los hechos que describa ante las autoridades. El pacto exige, además, que no incurra en nuevos delitos.

La colaboración constituye uno de los principales elementos del convenio alcanzado con los fiscales. El cargo por conspiración para el lavado de dinero contempla una pena máxima de 20 años de prisión, pero la Fiscalía aceptó recomendar una condena en la parte inferior del rango correspondiente.

La causa sostiene que Saab obtuvo cientos de millones de dólares mediante operaciones vinculadas con contratos del programa Clap. Los fiscales describen una estructura que habría utilizado empresas para canalizar fondos, documentación comercial falsa y mecanismos destinados a ocultar el origen del dinero. Las operaciones incluían la importación de productos básicos desde países como Colombia y México.

Infobae