Jueces locales defienden actuación de la Corte Suprema frente a remociones

La Asociación Regional de Magistrados de Magallanes y de la Antártica Chilena abordó a través de una carta enviada a La Prensa Austral las medidas adoptadas por el Pleno de la Corte Suprema que resolvió remover de sus cargos a 11 jueces tras concluir un proceso disciplinario por realizar viajes al extranjero mientras hacían uso de licencias médicas.

Como este medio informara en su edición de este miércoles, entre los 11 magistrados expulsados del Poder Judicial, figura la jueza de Familia de Punta Arenas, Connie Fuentealba, mientras una segunda funcionaria del mismo escalafón, Patricia Machuca, secretaria del Tercer Juzgado de Letras de esta ciudad, recurrió ante el Tribunal Constitucional para poner en pausa su destitución.

El siguiente es el tenor de la carta enviada por la organización gremial de jueces a este diario:

“Como Asociación Regional de Magistrados de Magallanes y de la Antártica Chilena, y en representación de los jueces y juezas de esta región, sentimos el deber de expresar públicamente nuestra disconformidad con la forma en que la directiva nacional de la Asociación de Magistrados ha enfrentado la controversia derivada de la aplicación del artículo 80 de la Constitución Política de la República por parte de la Corte Suprema.

No cuestionamos que puedan existir visiones distintas sobre el alcance de esa norma, ni el legítimo derecho de nuestro gremio a representar los intereses de sus asociados y no asociados. Pero no compartimos -y en ello disentimos abiertamente- el lenguaje utilizado contra el máximo tribunal, ni las gestiones desplegadas ante terceros y organismos internacionales con el aparente objeto de influir en procesos pendientes que corresponden al ejercicio de facultades que el propio constituyente entregó a la Corte Suprema.

El artículo 80 de la Carta Fundamental confía a la Corte Suprema la calificación del buen comportamiento de los jueces. Los antecedentes públicos muestran que el máximo tribunal ha procedido caso a caso, previo informe del afectado, con audiencias y defensa técnica para cada magistrado. El juicio sobre el mérito de cada resolución queda, legítimamente, al análisis de la opinión pública informada.

Los hechos que originan estos procesos -licencias médicas usadas para viajar al extranjero- son cuestiones de probidad e integridad funcionaria, ajenas a cualquier presión sobre la labor de juzgar.

Compartimos la necesidad de reformar el gobierno judicial y de dotar al régimen disciplinario de reglas más objetivas y garantías procesales robustas. Esa es una tarea legislativa impostergable.

Como jueces de regiones, no nos sentimos representados por esa forma de actuar. Reiteramos la urgencia de la reforma; pero esta no es la vía, ni estos los argumentos, ni esta la forma”.