Fiscalización al Slep Magallanes

Desde hace tiempo, las dificultades financieras y administrativas del Servicio Local de Educación Pública de Magallanes dejaron de ser un asunto que pudiera circunscribirse exclusivamente a balances, presupuestos o problemas de gestión interna.

El directorio regional del Colegio de Profesores solicitó a la Superintendencia de Educación fiscalizar de oficio al Slep Magallanes ante la eventual utilización de profesionales y educadores diferenciales del Programa de Integración Escolar para cubrir la ausencia de profesores de asignaturas comunes.

Por ahora se trata de antecedentes planteados por el gremio y, precisamente por ello, corresponde que sean investigados y esclarecidos por la autoridad competente. Pero su sola naturaleza justifica una revisión rápida y exhaustiva.

El Programa de Integración Escolar no constituye una reserva de personal disponible para resolver cualquier contingencia. Sus profesionales cumplen funciones específicas y entregan apoyos a niños y jóvenes que presentan necesidades educativas especiales. Si, como denuncia el Magisterio, estos funcionarios están siendo destinados a reemplazar profesores ausentes, la solución de una carencia estaría generando otra posiblemente mucho más delicada: dejar sin la atención que requieren a estudiantes para quienes esos apoyos forman parte fundamental de su proceso educativo.

Algo similar ocurre cuando integrantes de equipos directivos y técnicos deben abandonar reiteradamente sus funciones para ingresar a las aulas y suplir ausencias. Puede entenderse como una respuesta excepcional ante una emergencia puntual. Lo que resulta preocupante es que esa excepcionalidad termine transformándose en un mecanismo habitual para mantener funcionando los establecimientos.

La pregunta de fondo es hasta qué punto la crisis presupuestaria del Slep está siendo absorbida por las propias comunidades educativas.

El Colegio de Profesores pide además que se determine si fondos públicos asignados a finalidades específicas están siendo utilizados para enfrentar el déficit operacional general del servicio. Es una acusación particularmente seria que no debiera permanecer instalada únicamente en el terreno de las declaraciones públicas. La Superintendencia tiene las facultades fiscalizadoras y corresponde que establezca qué está ocurriendo, si las prácticas denunciadas se ajustan a la normativa y si los recursos destinados a determinados estudiantes están efectivamente llegando a ellos.

Las restricciones presupuestarias pueden obligar a priorizar gastos, revisar estructuras y adoptar decisiones difíciles. Lo que no resulta admisible es que los ajustes terminen recayendo silenciosamente sobre los estudiantes, y menos aún sobre aquellos que requieren apoyos especializados.

La intervención solicitada por el Magisterio merece una respuesta institucional clara y oportuna. Si las denuncias no tienen fundamento, una fiscalización permitirá despejar las dudas. Si, por el contrario, se comprueba que la crisis financiera está alterando el destino de recursos o privando de apoyos a determinados estudiantes, deberán adoptarse rápidamente las medidas correctivas correspondientes.